El Gobierno paraliza in extremis el ‘macrocontrato’ de compras de material sanitario por más de 2.400 millones de euros que preparaba para alimentar la reserva estratégica contra la covid-19. Las compañías tenían de plazo hasta este viernes a las 15 horas para presentar sus ofertas, pero el Ministerio que dirige Salvador Illa ha hecho público este miércoles su decisión de congelar la operación para que puedan incorporarse algunos gobiernos autonómicos que no se habían adherido inicialmente.

“Durante la fase tramitación inicial de licitación, y encontrándose ésta en periodo de presentación de ofertas, distintas comunidades autónomas que inicialmente no habían manifestado su interés en la participación en el acuerdo marco, han solicitado su inclusión al valorar el riesgo de desabastecimiento del material objeto de la licitación que pudieran sufrir”, explica Sanidad en el acta con que oficializa el desistimiento de la licitación. "Una vez solventadas las razones de interés público expresadas, en los próximos días se promoverá una nueva licitación con el mismo objeto", añade.

Fuentes del Ministerio de Sanidad han asegurado a El Independiente que "es cuestión de días" que se lance una nueva licitación del acuerdo marco ampliado y lo consideran "una oportunidad buenísima de que se sumen más comunidades autónomas" para tener garantizado el suministro.

A la macrolicitación se habían sumado 12 regiones (Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Madrid y Navarra), las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, el propio Ministerio de Sanidad y los de Interior y Defensa.

Habían quedado fuera del contrato cinco gobiernos regionales de distinto signo político: el de Cataluña (Junts per Catalunya); País Vasco (PNV); Galicia y Murcia (PP), y Comunidad Valenciana (PSOE). El Ejecutivo murciano ha asegurado no haberse incorporado al contrato inicialmente porque el Gobierno central no se lo había comunicado. Este periódico intenta conocer desde la semana pasada las razones por las que las consejerías de Salud de Galicia y de la Comunidad Valenciana no se habían adherido inicialmente a esta operación y sigue sin recibir respuesta.

El Ministerio Sanidad, a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), había activado la compra a diferentes proveedores durante los dos próximos años de 3.700 millones de unidades de batas quirúrgicas, guantes de nitrilo, gafas de protección, mascarillas (tanto quirúrgicas, como de protección FFP2 y FFP3), test moleculares de detección (PCR) y kits de extracción [ver listado completo].

El importe económico de todas las adquisiciones que se preparaban en el acuerdo marco alcanzaba los 2.431 millones  de euros, incluido el IVA y también dando por hecho que la licitación por un año se prorrogara por otro más. El Gobierno calculaba que realizar la compra de todo este material de manera centralizada y no de cada institución por separado permitirá un ahorro de unos 300 millones de euros.

Los planes de Sanidad pasan ahora por incrementar el número de unidades y el importe de las adjudicaciones tras sumar otras comunidades autónomas. Un portavoz del departamento que dirige Salvador Illa ha informado a este diario de que Cataluña, País Vasco, Galicia y Murcia han manifestado su interés por sumarse a esta operación de compra centralizada. Sólo quedaría por incorporarse la Comunidad Valenciana.