El Gobierno aprobó hace apenas un mes un real decreto para empezar a pinchar la burbuja que existe en las solicitudes para enganchar a la red eléctrica nuevas plantas renovables, muchas de ellas sin ningún proyecto real detrás y que sólo buscan especular revendiendo los permisos.
La nueva norma incluye una moratoria que congela la petición de nuevas autorizaciones hasta que esté plenamente desarrollada la legislación, un proceso que durará varios meses. Pues justo el día anterior de la entrada en vigor de esa moratoria, se registró un auténtico aluvión de nuevas solicitudes y la burbuja se desbocó aún más.
El Ministerio para la Transición Ecológica desveló el contenido del nuevo real decreto el pasado. El decreto con la prohibición temporal de presentar nuevas solicitudes entró en vigor el 25 de junio. Entre una cosa y otra, se produjo la avalancha de peticiones.
En sólo 24 horas, en la jornada del 24 de junio, Red Eléctrica de España –encargada de gestionar las peticiones para engancharse a la red- recibió 50 nuevas peticiones y otros 60 expedientes que estaban en curso fueron modificados para ampliarlos y elevar la potencia solicitadas, según confirman a El Independiente fuentes del gestor de la red de alta tensión en España.
Según los registros oficiales de REE, durante el mes de junio, justo antes de la entrada en vigor de la nueva normativa con la que el Gobierno busca frenar la especulación, se han presentado solicitudes con una potencia conjunta de casi 23.000 megavatios (MW).
Para calibrar la magnitud de la avalancha, esos 23.000 MW suponen que sólo durante el mes pasado se han presentado peticiones por una potencia equivalente a un 40% de todas las nuevas renovables que el Gobierno calcula que toda España instalará durante toda la próxima década.
Con moratoria en vigor: 177 peticiones y 17.900 MW
De hecho, la burbuja sigue creciendo incluso con la moratoria ya en vigor. Y es que durante el mes de julio, REE sigue recibiendo otro aluvión peticiones que habían formalizado la presentación de las garantías económicas antes del 25 de junio. Son 177 esas solicitudes rezagadas pero que aún pueden sortear la moratoria, y concentran otros 17.895 MW que, en su mayoría, se contabilizarán en los registros de julio de REE.
España se prepara para un boom de nuevas energías renovables durante los próximos diez años. El plan del Gobierno para reducir las emisiones de efecto invernadero contempla la construcción de unos 56.000 MW de plantas verdes hasta 2030, con lo que ya casi se triplicará los 35.200 MW de instalaciones renovables actualmente ya en marcha en el país.
Sin embargo, las peticiones de autorización para engancharse a la red eléctrica desbordan por mucho los planes oficiales, llegando a quintuplicar los objetivos marcados por el Ejecutivo para los próximos diez años. Red Eléctrica de España (REE) ha recibido ya peticiones de nuevas renovables que acumulan más de 294.000 MW de potencia conjunta al cierre de junio. Y, de hecho, si suman las peticiones que no se han podido completar por defectos de forma, se llega hasta el entorno de los 450.000 MW.
Una avalancha en la que una parte importante de solicitudes no tiene ningún proyecto energético real y sólo busca especular con la reventa de los permisos una vez obtenidos o incluso del ‘puesto’ en la cola de espera para conseguirlos. De hecho, del total de peticiones de acceso a la red más de un 60% no da el siguiente paso de solicitar también la conexión, que exige empezar a presentar documentación con las características concretas de la futura instalación.
Para poner freno a esta situación, el Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por Teresa Ribera, impulsó una nueva regulación para ir echando a los especuladores del proceso de solicitud de manera progresiva y así agilizar el proceso para los inversores que sí cuentan con un proyecto real y pretenden poner en marcha una instalación renovable.
El real decreto establece la obligación de los solicitantes, tanto las que ya han presentado su petición como los que lo hagan a partir de ahora, de ir cumpliendo cinco hitos intermedios administrativos con plazos concretos.
Los inversores deben acreditar avances en el proceso administrativo (obtención de la declaración de impacto ambiental, la autorización de construcción…) en los tiempos fijados para demostrar que hay un proyecto real tras la petición. Y, de lo contrario, el Gobierno ejecutará los avales económicos presentados y el solicitante perderá el permiso.
El Gobierno establecía una moratoria de nuevas solicitudes de acceso: no se podrán pedir hasta que se apruebe una nueva regulación sobre estos permisos por parte del Ministerio y de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Las nuevas peticiones, tras la moratoria y una vez se desarrolle la nueva norma, ya deberán incluir una mayor maduración de los proyectos y estudios previos. De ahí la avalancha durante el día anterior al cierre de la ventanilla a nuevas solicitudes.
Durante este año, en plena pandemia y con medio país paralizado durante meses por el estado de alarma, las peticiones para conectar a la red nuevas renovables no ha hecho más que crecer. Las solicitudes que ya cuentan con el permiso para engancharse a la red más que duplican el objetivo del Ejecutivo de 56.000 MW en diez años y las peticiones que están en tramitación se acercan a la meta oficial. Red Eléctrica ha concedido el permiso de acceso preliminar a proyectos con 125.200 MW y aún tiene estudio el permiso de otros 50.100 MW más.
REE se lanzó el año pasado a pinchar la burbuja en el sector de las renovables y puso en marcha una criba masiva de proyectos verdes. El grupo ha denegado ya la solicitud de acceso a la red de proyectos con una potencia total de 118.800MW.
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