En España no hay una cifra oficial sobre cuántas personas sobreviven gracias a la economía sumergida o informal. La elección del verbo no es casual. Desde las organizaciones del tercer sector insisten en que en la mayoría de ocasiones es la única vía de obtener recursos que tienen algunas personas en nuestro país.

Empleadas del hogar, camareros, arreglos a domicilio… la economía sumergida tiene muchas caras y está en muchos sectores, pero estos son los más habituales entre las personas que durante esta crisis han tenido que llamar a la puerta de Cáritas o de Acción contra el Hambre.

Desde Gestha, señalaban al principio del estado de alarma que la economía informal se habría “contenido en parecida proporción a como lo ha hecho la economía en su conjunto. De ahí que sea previsible que conforme se vaya recuperando la normalidad, las prácticas elusivas y la economía sumergida se reanudarán, como ocurre habitualmente”, apuntaba Carlos Cruzado, presidente de los técnicos del Ministerio de Hacienda.

Pero la desescalada desigual y las restricciones de aforo, de movilidad, así como la incertidumbre ante los nuevos contagios ha hecho que la economía sumergida también avance de forma más lenta. En sectores como el trabajo doméstico o la hostelería, “que son de los que han sufrido un mayor impacto de la Covid-19” esta va a tardar “más tiempo en activarse porque las personas están retomando muy poco estos servicios”. “Las personas siguen sin tener la tranquilidad de que alguien vaya a su casa”, analiza Raúl Flores, coordinador de estudios de Cáritas y de la Fundación Foessa.

Según los datos facilitados por Cáritas sobre las personas a las que realizan un acompañamiento, la tasa de actividad de las personas en la economía informal ha pasado del 14,5 al 6,3%. Si se observan los ingresos, en la economía formal estos se han reducido - en las personas acompañadas por la organización- un 50%, mientras que el impacto sobre la economía irregular ha sido del 73%.

Doble impacto

Las personas más vulnerables en la economía formal durante la crisis del coronavirus han tenido acceso a medidas que han amortiguado el impacto: las prestaciones por desempleo o el ingreso mínimo vital son algunos ejemplos. Sin embargo, aquellas personas que dependen de la economía sumergida no han tenido acceso a estas ayudas.

“Se trata de personas que dependían de estos ingresos para sobrevivir, ni siquiera les permitían vivir cómodamente y ahora no puede acceder a las ayudas”, explica Ana Alarcón, responsable de programas de inclusión sociolaboral de Acción contra el Hambre. “A esto hay que añadirle que venían de una situación en la que no tenían ningún tipo de colchón. Cuando vives al día y se cierra la puerta de generar ingresos, la situación se torna muy difícil”, añade Flores.

“En algunos lugares se ha duplicado o triplicado la ayuda de Cáritas, y esto se debe a que las familias no tienen ingresos para pagar lo mínimo: el alquiler y la comida”, explica el coordinador de estudios de Cáritas.

Cuando vives al día y se cierra la puerta de generar ingresos, la situación se torna muy difícil"

Raúl Flores, coordinador de estudios de Cáritas

Desde Acción contra el Hambre cuentan con programas que tienen el objetivo de mejorar la empleabilidad de estas personas para que puedan salir de la economía informal y encuentren un empleo con un contrato laboral. Sin embargo, ante la situación actual y las restricciones previas, el escenario es muy complicado. También cuentan con programas para el emprendimiento, en estos, el número de inscritos se ha reducido un 40%, según apuntan desde la organización.

El fraude de los ERTE

José María Mollinedo, secretario general de Gestha, reconoce que es complicado cuantificar la reducción de la economía sumergida. Sin embargo, explica que desde la oficina empezaron a detectar fraudes en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

“Hemos visto una práctica picaresca que no deja de ser defraudatoria que ha ocurrido con los ERTE. En algunos casos se ha instado a trabajadores en un expediente a teletrabajar desde sus hogares a cambio de una compensación económica. Los trabajadores se han visto obligados a aceptar las proposiciones por el riesgo a perder el empleo”, explica Mollinedo.

Ante esta situación, considera que el Gobierno “ha sido muy raudo” y que la Inspección del Trabajo está vigilando estos casos. 

El papel de la administración

Menos optimistas son desde las organizaciones del tercer sector. Ana Alarcón cree que más allá de la sensibilización que pueden hacer desde Acción contra el Hambre para que las personas vean qué derechos tienen con un contrato laboral, debe ser el Gobierno quien tiene que impulsar las “inspecciones”. “La previsión no es que mejore la situación, incluso se puede incrementar la economía sumergida si no se ponen medidas”, advierte.

Desde Cáritas, creen que tras la crisis las últimas personas en “mejorar” van a ser las personas vinculadas a la economía sumergida. “Ojalá que esa recuperación llegue pronto, pero tenemos claro que les va llegar en último lugar”, señala Raúl Flores. Por último, subraya que se necesitan recursos para poder apoyar a estas personas. “Tenemos preocupación por la situación de estas personas, pero también por la sostenibilidad de la acción a futuro”, concluye.