El fuerte impacto económico de la crisis del Covid-19 en España va a dejar muchas secuelas. La caída de la actividad, que ya se está notando con fuerza, traerá unas cifras de desempleo, concursos de acreedores y morosidad sin precedentes, a las que acompañará con toda seguridad una bajada de salarios generalizada. Eso, al menos, en sector privado, pero, ¿qué pasará con los sueldos del sector público?

La decisión de Baleares de congelar el sueldo de sus funcionarios ha hecho saltar las alarmas y ha traído el recuerdo de la anterior crisis económica, a la que sucedieron cinco años de suspensión de las subidas de sueldo de los empleados del sector público.

El Govern balear ha decidido no subir este año el sueldo a los 34.000 trabajadores de la administración autonómica un 2%, como sí han hecho tanto el Gobierno como la mayoría de las comunidades autónomas con sus funcionarios. El objetivo del Ejecutivo que preside Francina Armengol es ahorrar unos 39 millones de euros en el contexto de la crisis económica. Una medida que no ha sido bien acogida por los sindicatos, que la tildan de "recorte".

El Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó el pasado enero una subida salarial del 2% a los empleados públicos con efecto desde el primer día del año, que se amplía un 0,2% por cada décima de subida del Producto Interior Bruto (PIB) anual que exceda del 2%. Esta subida supuso para las arcas públicas un gasto superior a los 3.000 millones de euros.

Sin embargo, las cosas han cambiado mucho desde que aquella subida vio la luz. Entre las pocas certezas del escenario actual se encuentra el desplome que sufrirá la economía española, que podría ser superior al 10%, según las estimaciones de organismos como el Banco de España, BBVA Research o el propio Gobierno. Es por eso que la subida adicional no tendrá lugar, pero habrá que ver si el Gobierno decide utilizar el recurso del recorte de los sueldos públicos para aumentar los fondos disponibles en esta crisis sin precedentes.

No sería la primera vez. El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero activó este botón rojo tras la pasada crisis económica y recortó el salario de los funcionarios un 5% en 2010, tras lo cual el Ejecutivo de Mariano Rajoy, en 2011, decidió congelar el sueldo de los empleados públicos y aumentar su jornada laboral hasta en dos horas y media semanales, hasta las 37 y media. En 2012, además, se les retiró una paga extra que recuperarían cuatro años después.

Consecuentemente, los funcionarios no vieron sus retribuciones aumentar entre 2011 y 2015, tras lo que los salarios de la plantilla pública crecieron un 1% en 2016 y 2017, un 1,75% en 2018 y un 2,25% en 2019. Para este año, el Gobierno aprobó la citada subida del 2%.

En el caso del sector privado, los salarios aumentaron hasta el primer trimestre de este año en torno a un 10% desde 2008, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), precisamente la misma proporción que la consultora de Recursos Humanos CEINSA cree que se desplomarán los salarios en las nuevas contrataciones a partir de septiembre.

María Jesús Montero, ministra portavoz del Gobierno, rechazó el pasado mes de marzo que el Ejecutivo vaya a recurrir a esta palanca de reducción de salarios para paliar el impacto de la crisis y lo reiteró el propio Pedro Sánchez el pasado julio, algo que, lamentablemente, será inevitable en el sector privado, asolado ya con miles de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y pérdidas millonarias.

Alberto Núñez Feijóo, presidente de Galicia, por su parte, afirmó que no tiene en mente recortar los sueldos de los funcionarios, pero advirtió que aún no es posible afirmarlo con rotundidad.

Baleares, en el ojo del huracán

Aún no está claro si esta actuación por parte de Baleares tendrá su réplica en otras comunidades autónomas o en otras Administraciones y, por el momento, fuentes sindicales prefieren no valorar esta posibilidad. Sobre lo que sí empieza a haber más certezas es sobre que Baleares es, precisamente, la comunidad que más va a sufrir las consecuencias de la crisis económica.

Las cifras, por el momento, así lo avalan. La autonomía es la que más ha aumentado su desempleo respecto al año pasado a causa de la pandemia y es, además, la economía más castigada en el segundo trimestre, que se vio afectado prácticamente por completo por el confinamiento.

Por el momento, es una incógnita si el Gobierno, las comunidades o cualquier otra administración decide activar el botón rojo de la retribución a los funcionarios precisamente en un momento en el que los trabajadores del sector público han sido esenciales para salir de esta crisis, tanto a nivel sanitario como económico.