El incremento exponencial de la ocupación resulta preocupante. En los últimos cuatro años, las denuncias en España han crecido un 40,9%, según el Ministerio del Interior. Cataluña es la comunidad autónoma más castigada por la problemática, con un total de 3.611 nuevas denuncias durante el primer semestre del 2020, lo que supone un aumento del 13,2% respecto al año anterior. Andalucía ha experimentado una subida del 23,06% respecto al año pasado, con un total de 2.535 denuncias por ocupación. La Comunidad Valenciana cierra el podio y alcanza las 566 denuncias de enero a junio de 2020, un 14,11% más que durante las mismas fechas del 2019.

Estos datos han desencadenado el nacimiento de empresas dedicadas a la desocupación. Estas compañías, como su propio nombre indica, se dedican a la expulsión de intrusos de hogares ajenos. Su creación tiene como objetivo absorber un nicho de mercado, pero también tienen una motivación social: devolver las casas a sus propietarios. Su labor consiste en "la recuperación de la vivienda a través de la mediación", para así evitar los procedimientos legales que se extienden en el tiempo.

Hay dos tipos de casos: cuando los inquilinos dejan de pagar y no abandonan el domicilio, y cuando se ha cometido directamente una ocupación ilegal. En función de la tipología, las empresas de desocupación operan de una manera u otra. Uno de los métodos más utilizados en caso de ocupación ilegal es el control de accesos, mediante los cuales despliegan personal de seguridad en la puerta y así impiden la entrada a cualquier individuo que abandone el domicilio. A partir de ahí, se avanza en las conversaciones de mediación.

Desokupa Expres

Salvador Palazón es gerente de Desokupa Expres. Opera desde el año 2018, cuenta con 15 empleados fijos y hasta la actualidad ha participado en 800 casos. Su sede está en Murcia pero, excepto en Cataluña, trabajan por toda España. Argumenta que ellos no hacen nada ilegal, aunque se cuestiona su moralidad "hasta que hacemos falta".

Además, explica que "alrededor del 85% de los casos son gente que se aprovecha de la ley". Insiste en que el perfil de su equipo es de mediación y no busca intimidar a nadie. Plantea una solución en la que el Estado colabore con ellos para reubicar a los okupas en viviendas vacías de la Administración bajo "un alquiler simbólico", y apela al "sentido común".

Fuera Okupas

La empresa lleva activa desde el 2018 y tiene tres sedes, repartidas entre Madrid, Barcelona y Valencia. Su plantilla se compone de 15 miembros, actualmente tienen 240 casos activos en toda España. Su gerente, Jorge Pérez, expresa que "la ley tiene culpa, pero vivimos en el país de la picaresca".

Sus métodos son similares a los del ejemplo anterior, aunque con un perfil diferente: "Nuestro equipo está formado por luchadores profesionales, algo que no invita a la confrontación". A pesar de ello, explica que la actitud de los okupas cambia favorablemente tras la mediación: "Con la puerta abierta, son más razonables". Considera que la solución pasa por un endurecimiento de las penas por ocupación y por una ley de suelos que regule el precio de la vivienda.

Desokupa Expres tiene una tarifa mínima de 3.000 euros, que asciende en función de las necesidades del caso. Fuera Okupas, en cambio, tiene un precio cerrado en 2.500 euros, 1.000 euros por adelantado y 1.500 euros una vez recuperado el domicilio.

Nuestro perfil de luchadores profesionales no invita a la confrontación"

El contexto jurídico que rodea a esta situación es fundamental para su comprensión. José Ramón Condés, director de JR Abogados, expresa para El Independiente su visión como jurista. Explica que las empresas de desocupación aprovechan las lagunas que tiene la ley y que "son totalmente legales siempre que no coaccionen".

Tiene claro que uno de los asuntos a cambiar es la ley de enjuiciamientos, que data del año 1882. Pide una actualización de la misma y más medios para poder solucionar estos casos con mayor celeridad. "La ley establecida sólo es un parche inútil", dice, en referencia a la Ley 5/2018 conocida como 'ley antiokupas' que nace por la alarma social creada por la impunidad de los okupas. Finalmente, deja claro que su solución sería endurecer las penas para disuadir más casos: "Si no fuera por el código penal, la gente se mataría".

Los datos dicen que las denuncias por ocupación aumentaron en un 5% respecto al primer semestre de 2019. La cifra total es de 7.450 hasta julio, lo que ha colocado el asunto en el centro del debate público sobre las prioridades de la Administración.