A finales de mayo, el Consejo de Ministros aprobó el ingreso mínimo vital, una nueva prestación de la Seguridad Social para proteger a los hogares más vulnerables. De oficio, se reconocieron más de 70.000 beneficiarios, es decir, aquellas familias que ya recibían una prestación por hijo a cargo pasaron a recibir esta nueva ayuda social.

No fue hasta junio cuando el resto de ciudadanos pudieron empezar a solicitarlo. Ahora, más de dos meses después, el ritmo de reconocimiento y por tanto de pago de esta renta mínima, no es el que se esperaba. Según fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las duplicidades en las solicitudes y los errores en la documentación aportada han dificultado su arranque.

El ministro José Luis Escrivá señaló, a través de su perfil de Twitter, que se han registrado más de 700.000 solicitudes. De estas, según ha publicado La Información, se habrían aprobado sólo 3.966. Desde el departamento que dirige Escrivá apuntan que los datos se darán a conocer a partir de septiembre, cuando se retome la actividad política.

El titular de Seguridad Social reconoció, también a través de la red social, que las primeras solicitudes tenían “un porcentaje alto de errores de documentación, que han de subsanarse”. Fuentes del Ministerio señalan que en algunos casos los ciudadanos han realizado el trámite en varias ocasiones y se han producido solicitudes duplicadas.

Para la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha trabajado en el cruce de datos con Hacienda para facilitar los trámites. Sin embargo, sigue siendo necesario el envío de cierta documentación como el libro de familia o el certificado de empadronamiento.

Con todo, ya se han realizado dos pagos del ingreso mínimo vital, el primero el 26 de junio y el segundo, el 3 de agosto. El próximo será el 1 de septiembre.

Faltan efectivos

Los problemas burocráticos con la documentación se suman a la falta de efectivos de la Seguridad Social, así como a las dificultades de solicitar cita previa para su solicitud. Tal como explicó este periódico, el Ministerio tuvo que apoyarse en trabajadores externos, mediante Tragsatec, para tramitar las solicitudes. Según datos de Comisiones Obreras (CC.OO.) la plantilla se ha reducido en unas 5.000 personas en los últimos cinco años. 

Además de contratar a personal externo a la administración, el Gobierno garantizó que las personas que solicitasen el ingreso mínimo vital hasta el 30 de septiembre y que cumpliesen con los requisitos, lo recibirían de forma retroactiva desde el 15 de junio. De esta forma, el Ejecutivo quería evitar un aluvión de solicitudes durante las primeras semanas.

Convenios con ayuntamientos

Pese al lento reconocimiento de las prestaciones, desde Seguridad Social explican que siguen trabajando en acuerdos de cooperación con administraciones locales. De hecho, ya se ha intercambiado un borrador con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que los ayuntamientos puedan gestionar esta prestación.

Sin embargo, la cesión de esta competencia no llegará hasta el próximo año, tal como contempla la norma del ingreso mínimo vital. Únicamente Navarra y País Vasco gestionarán el ingreso antes de que termine el año.

Actualmente, la prestación se puede solicitar telemáticamente, solicitando cita previa en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) o enviando la solicitud por correo postal. Además, organizaciones del tercer sector también están colaborando con solicitantes para poder realizar los trámites.