Cuando José Luis Escrivá asumió la cartera de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ya tenía muy claro cómo funcionaban las rentas mínimas autonómicas y cómo este subsidio para hogares vulnerables se había estructurado en otros países europeos. El Ingreso Mínimo Vital (IMV) era una medida estrella de su ministerio y llegaba para dar respuesta a cientos de miles de hogares en España.

Sin embargo, dos meses después de su aprobación, el Ingreso Mínimo Vital ha llegado a 80.000 hogares pese a haber recibido más de 700.000 solicitudes. De esas 80.000, alrededor de 75.000 se aprobaron de oficio, al tratarse de prestaciones por hijo a cargo que se reconvirtieron al IMV. Las solicitudes se acumulan, algunas por duplicado, y la mayoría con errores en la documentación aportada.

¿Qué falla? Las organizaciones del tercer sector apuntan a la brecha digital y a la cantidad de documentación requerida. Los trabajadores de la Seguridad Social señalan que no hay manos suficientes para tramitar tal aluvión de prestaciones y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones argumenta que se tienen que cruzar muchos datos con distintas administraciones implicadas y que el volumen de solicitudes está siendo muy intenso.

Documentación y burocracia

La Seguridad Social ha puesto todo su empeño en simplificar los trámites para la solicitud del IMV. De hecho, cuando el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, propuso que esta renta fuese de emergencia, el departamento de Escrivá prefirió esperar para cruzar datos con otras administraciones, tales como padrones municipales o la Agencia Tributaria. Este cruce de información agilizaría los trámites y facilitaría las solicitudes.

El problema es que los acuerdos con los ayuntamientos para que la Seguridad Social pueda acceder a los datos de empadronamiento no han llegado hasta después de la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital. Asimismo, algunas de las solicitudes aparecen en comprobación mientras se consultan datos con la Agencia Tributaria.

El IMV se puede solicitar a través de la página web de la Seguridad Social, con o sin registro electrónico, remitiendo la documentación por correo postal a la dirección general del organismo en la provincia en la que corresponda o de forma presencial en una oficina de la red de la Seguridad Social a través de cita previa.

Para ello, es necesario aportar documentos de identidad, de empadronamiento, el libro de familia, una declaración responsable de ingresos y en algunos supuestos, un certificado de pareja de hecho, o informes de servicios sociales en casos de, por ejemplo, violencia de género. Toda esta documentación hay que escanearla y adjuntarla si se solicita la prestación telemáticamente.

Según datos del Ministerio, al 40% de las solicitudes registradas les falta documentación"

Aquí llega una de las primeras barreras con las que se encuentran los solicitantes. “No se puede dar por hecho que las personas en situación de vulnerabilidad tienen acceso a un ordenador, a conexión a internet, a escanear documentos, así como las competencias necesarias para poder aportar toda la información”, describe Ana Abril, coordinadora de incidencia política y comunicación de Cáritas Española.

Según datos del Ministerio, al 40% de las solicitudes registradas les falta algún tipo de documentación.

Alternativas para su solicitud

Tal como publicó esta semana este periódico, la mitad de las provincias españolas no tienen citas previas disponibles para la solicitud del Ingreso Mínimo Vital de forma presencial. Hasta 2021 no está previsto que el Ministerio ceda esta competencia a las Comunidades Autónomas y entonces las solicitudes puedan realizarse en los servicios sociales de los ayuntamientos.

Hasta entonces, las personas que necesitan solicitar esta renta se apoyan en gestorías que cobran hasta 90 euros por hacer el trámite, en locutorios con ordenadores con internet o en organizaciones del tercer sector que voluntariamente ayudan a estas personas. Por ese motivo, Abril considera que “es fundamental que haya un acuerdo entre ayuntamientos y CCAA para que sea posible solicitarlo de la forma más sencilla posible y presencial”.

Es una situación que también pone sobre la mesa Martín Lanzas, coordinador estatal de la Seguridad Social de FeSP-UGT. “Están intentando crear un punto de acceso telefónico, pero si el funcionario no le puede orientar, entonces deberían dar una cita previa”, reclama. La Seguridad Social ha habilitado un teléfono gratuito para resolver dudas cuando se presenta una solicitud telemática.

Faltan funcionarios

Cuando se anunció que el Ingreso Mínimo Vital iba a ser una prestación de la Seguridad Social los sindicatos criticaron que esta mayor carga de trabajo llegaba a una plantilla mermada. En diez años, ha perdido a más de 6.000 trabajadores. Además, el 75% de la plantilla tiene más de 50 años.

Para reforzar al personal de los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social, el Ministerio contrató a unas 600 personas a través de Tragsa para tramitar solicitudes. Sin embargo, estas personas sólo pueden hacer recogida de datos, pero en ningún caso pueden reconocer prestaciones.

Por otra parte, Lanzas añade que se propuso un plan de intensificación a los trabajadores del Instituto Nacional de la Seguridad Social para que trabajasen fuera de la jornada laboral a cambio de una compensación. “Muchos trabajadores que en un primer momento se apuntaron, con el paso del tiempo se borran, porque la gestión de la prestación tiene un grado de improvisación enorme”, critica.

“En una intervención que tuvimos denunciamos el colapso de la gestión, porque cuando la demanda de servicio sobrepasa la capacidad del organismo pues colapsa, y es lo que está ocurriendo en este momento”, explica Lanzas. Ante esta situación, el ministro José Luis Escrivá anunció la contratación de 1.250 interinos pero que según los sindicatos todavía no han recibido el visto bueno de Hacienda.

Lío con las CCAA

A los problemas ya comentados se suma que algunas rentas autonómicas eran incompatibles con el IMV por la forma en que estaba redactada su normativa. Esto ha llevado a algunas regiones a cambiar su legislación, explica la coordinadora de incidencia política y comunicación de Cáritas. Sin embargo, debido a esto, se dan situaciones, tal como denunció El Mundo, en que algunas personas dejan de cobrar la renta autonómica que ya percibían al solicitar el Ingreso Mínimo Vital.

“Nadie come de forma retroactiva”

Pepe Álvarez, secretario general de UGT

“Desde Cáritas hemos pedido que los fondos de las rentas autonómicas sigan destinados a las personas, cubriendo a las personas que no cubre el IMV o complementando la cuantía”, señala. Hasta el próximo año, ninguna comunidad excepto las forales podrán gestionar esta prestación.

Medidas de tramitación

Desde el Ministerio de Escrivá insisten en que es pronto para hacer valoraciones sobre el Ingreso Mínimo Vital y aguardan a septiembre para ello. Además, subrayan que el número de solicitudes recibidas equivale “al total de expedientes de pensiones tramitados a lo largo de un año”. Además, como en el caso de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) el IMV es una prestación “viva”, puesto que se tiene que ir actualizando cuando cambia la situación laboral o patrimonial de los beneficiarios.

Ante la avalancha de solicitudes, el INSS trabaja en métodos para agilizar la tramitación. Una de las medidas ha sido la utilización de robots para automatizar tareas operativas de volcado de datos y de clasificación de expedientes. Por otra parte, recuerdan que las personas que soliciten el Ingreso Mínimo Vital hasta septiembre lo cobrarán de forma “retroactiva”. Pero “nadie come de forma retroactiva”, criticaba el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, hace unas semanas.

Vulnerabilidad fuera de la burocracia

Desde la ONG insisten en que el IMV era una medida necesaria e imprescindible, pero ponen sobre la mesa que todavía hay personas que quedan fuera del sistema. “En la regulación hay requisitos que hacen que algunas personas en situación de vulnerabilidad queden excluidas”, explica Ana Abril. “Si hay más de dos unidades de convivencia en un domicilio sin ser familia, no pueden solicitar el Ingreso Mínimo Vital. Las personas sin hogar y en asentamientos, tampoco, puesto que se vincula la prestación a un domicilio y las personas jóvenes entre 18 y 23 años también quedan fuera”, añade.

La medida estrella del Ministerio de Seguridad Social era una última esperanza para personas con muy pocos recursos. Ahora, dos meses después, la burocracia y la falta de recursos para gestionar las solicitudes dejan en espera la urgencia de la pobreza.