El Covid-19 ya ha empezado a sacudir los cimientos del sector financiero español. La monumental crisis económica desatada por la pandemia ha obligado a algunas entidades a explorar el camino de una fusión urgente. El primer movimiento puede ser inminente y tendría como protagonistas a CaixaBank y Bankia, cuya unión crearía el mayor banco en nuestro país.
En un hecho relevante remitido a última hora de este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la entidad catalana reconocía que se encuentra "en negociaciones con Bankia para analizar una fusión entre ambas entidades". Los dos bancos han firmado "un acuerdo de confidencialidad para intercambiarse información".
Las cúpulas directivas de las dos entidades han mantenido contactos en las últimas semanas para intentar armar una combinación que marcaría otro hito para la banca española. No en vano, sería la mayor fusión desde las que protagonizaron a finales del pasado siglo Santander y Central Hispano, y BBV y Argentaria.
Que el proyecto se encuentra en un avanzado estado de gestación lo demuestra el hecho de que ambas partes ya han pactado incluso el nombre del futuro presidente. Si la fusión sale adelante, CaixaBank controlará la mayor porción de capital. Sin embargo, será el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, el encargado de pilotar el nuevo proyecto.
Según fuentes conocedoras de la negociación, Isidro Fainé -presidente de la Fundación Bancaria La Caixa- ha ofrecido a Goirigolzarri ser designado presidente del grupo resultante. El actual consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, se convertiría en consejero delegado. Tanto el proyecto de fusión como la elección como líder del actual presidente de Bankia contarían con el conocimiento y el respaldo de la ministra de Economía, Nadia Calviño.
Según los planes puestos sobre la mesa, La Fundación La Caixa controlaría un 30% del grupo resultante de la fusión, mientras que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), bajaría su peso de casi el 62% actual al 14%. La sede permanecería en Valencia, la ciudad que alberga en la actualidad el domicilio social de Bankia y de CaixaBank (que se vi obligada a abandonar Barcelona tras la declaración unilateral de independencia).
"En el caso de que esas conversaciones y estudios concluyan en una propuesta de acuerdo de fusión, el FROB los analizará con completa objetividad desde la perspectiva de generación de valor y optimización de su capacidad de recuperación de ayudas", señalan fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. "Como se ha señalado reiteradamente, el Gobierno tiene una prioridad en relación con Bankia: proteger el interés general de los ciudadanos españoles, maximizar el valor de la participación pública y reforzar la estabilidad financiera del país. Estos son los principios que guiarán cualquier decisión en este ámbito", añaden las mismas fuentes.
La fusión de CaixaBank y de Bankia, tercera y cuarta entidad por tamaño del sector financiero español, daría origen a un grupo con activos por importe de 650.000 millones de euros, unas 6.600 sucursales (4.400 la entidad de origen catalán y más de 2.200 la entidad nacionalizada) y una plantilla conjunta superior a los 51.000 empleados (casi 35.600 CaixaBank y unos 16.000 Bankia) , lo que propiciaría significativas sinergias.
De este modo, CaixaBank y Bankia responden al llamamiento realizado de forma insistente por el Banco Central Europeo (BCE) de acelerar en el proceso de consolidación del sector, la última vez esta misma semana por boca de su vicepresidente, Luis de Guindos, durante su intervención en los cursos de la Universidad Menéndez y Pelayo (UIMP) de Santander. De Guindos hizo hincapié en la diferencia entre la baja rentabilidad de las entidades españolas (de entre el 2 y el 3% en algunos casos) frente al coste de capital (superior en líneas generales al 10%).
Con la eventual fusión de CaixaBank y Bankia ambas entidades retomarían el intento que realizaron en 2012 cuando Isidro Fainé y Rodrigo Rato no consiguieron llegar a buen puerto una tentativa frustrada entonces por cuestiones políticas y discrepancias en la jerarquía de mando.
La operación permitiría al Gobierno además recuperar parte de las ayudas percibidas en el rescate de Bankia, que superan los 24.000 millones de euros, de los que hasta la fecha ha recuperado solo unos 3.000 millones a través de dos procesos de venta parcial y vía dividendos.
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