El Gobierno quiere que gigantes tecnológicos internacionales que ofrecen servicios de telecomunicaciones empiecen a pagar la misma tasa que las grandes operadoras como Telefónica, Vodafone, Orange, MásMóvil… Una reivindicación clásica de las telecos (mismos servicios, mismas obligaciones) que se recoge en el anteproyecto de Ley General de Telecomunicación que ahora inicia su tramitación y que puede estar aprobada a mediados de 2021, recogiendo las directrices de la Unión Europea.

El objetivo es que servicios de mensajería o de comunicación directa que ofrecen grupos como Facebook (WhatsApp o Facetime), Google (Hangout) o Microsoft (Skype) o Telegram asuman parte de las obligaciones que ahora ya cumplen las operadoras de telecomunicaciones. Las compañías que ofrecen estos servicios estarán obligadas a inscribirse en el registro de operadores de telecomunicaciones y de afrontar el pago de la tasa correspondiente. Pero la iniciativa tiene demasiados peros.

La nueva normativa recoge la obligación de que todas las compañías obligadas a registrarse han de pagar una tasa de un euro por cada 1.000 euros ingresados (siempre que la facturación supere el millón de euros al año) por los servicios de telecomunicaciones en España. Sólo por los servicios de telecomunicaciones. Y sólo en España. Y eso ya genera un problema para las aspiraciones del Ejecutivo.

¿Por qué? Porque los gigantes tecnológicos, por un lado, suelen concentrar el grueso de su negocio en Europa en países con ventajas fiscales (Irlanda, Holanda, Luxemburgo…) y la facturación reconocida en el resto de mercados, entre ellos, en España es muy reducida. Y, por otro, porque esas compañías sólo tendrán que pagar la tasa en función de los ingresos recibidos por los propios servicios de telecomunicaciones, que en la inmensa mayoría de los casos son gratuitos, y realmente tienen como gran negocio los ingresos por publicidad o por servicios en la nube.

“Somos conscientes de que los ingresos en España [de algunas de estas compañías] son inferiores” al millón de euros, a pesar de su enorme actividad, ha reconocido el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Roberto Sánchez, en un encuentro telemático con la prensa.

El secretario de Estado de Telecomunicaciones, dependiente del Ministerio de Economía, ha apuntado que la futura legislación no está destinada a regular la actividad de ninguna empresa concreta y que nace con vocación de regular los diferentes escenarios también en el futuro. En este sentido, Sánchez ha subrayado que aunque muchos de los nuevos servicio sujetos al pago de la tasa actualmente son gratuitos, puede que en otro momento no lo sean.

Cuando entre en vigor la nueva ley estos operadores estarán obligados a registrarse, deberán hacer una declaración especifica de sus ingresos reales por los servicios de telecomunicaciones en España, y deberán cumplir con exigencias de seguridad de sus servicios y de transparencia ante sus clientes como el resto de telecos. Pero si los servicios de telecomunicaciones que ofrecen son gratuitos o los factura en otros países, el pago de la tasa en España está en duda.

Entre otras medidas, la nueva normativa eliminará la obligación que ahora se impone a Telefónica de seguir ofreciendo el servicio de cabinas telefónicas en la calle y de elaboración y reparto de las guías telefónicas, al dejar de ser considerados por ley prestaciones de interés público y parte del servicio universal.

tener correo electrónico, noticias online o banca por internet. La ley no contempla una velocidad mínima de conexión, dada la rapidez con la que evoluciona este mercado, sino que se busca garantizar en todo momento el acceso suficiente a ese conjunto de servicios esenciales. La norma refuerza también las capacidades de los servicios de comunicaciones de emergencia, como nuevas facilidades para el desarrollo de sistemas de alerta a la población en caso de grandes catástrofes o emergencias y disponer de una ubicación más precisa de las personas que efectúan llamadas al 112 utilizando no solo la información de la red, sino también de los terminales.

En lo relativo a los derechos de los usuarios, se realiza la armonización comunitaria prevista en el Código, al reforzar la transparencia de los contratos, limitar su duración (permanencia máxima de 24 meses) y regular, por primera vez, los paquetes de servicios, y también amplía los derechos en el ámbito de la portabilidad móvil y las obligaciones de accesibilidad para los usuarios con discapacidad.

Otra de las novedades de la futura ley es una una revisión de las normas relativas a la gestión del espectro radioeléctrico, con el objetivo de facilitar el despliegue del 5G y otros servicios inalámbricos innovadores. En especial, se determina una duración mínima de 20 años para las licencias asociadas a los usos limitativos de espectro.

En paralelo, con el objetivo de convertir a España en un 'hub' de interconexión digital en el Sur de Europa, la ley contemple un régimen de autorización de cables submarinos que discurran fuera de Europa y un régimen de información de puntos de interconexión de Internet y centros de datos, todo ello con el fin de hacer un "seguimiento efectivo" del mercado y promover las medidas adecuadas.