Congelar o elevar al 0%. El Gobierno no descarta congelar el sueldo de los funcionarios y pensiones en el próximo ejercicio. Que el Índice de Precios al Consumo (IPC) termine en 2020 con una tasa negativa, permitiría al Ejecutivo que los pensionistas y los funcionarios no perdieran poder adquisitivo aunque no se produjera ningún aumento en sus percepciones.

En esto también hay distintas opiniones en el mismo Gobierno. Mientras la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, no descartaba que los sueldos de los funcionarios públicos se quedaran igual el próximo año, es decir, se congelaran, fuentes de Podemos e incluso la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, negaban que ese aspecto estuviera sobre la mesa.

En el caso de las pensiones, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha instado al Pacto de Toledo a llegar a un acuerdo que permita al Gobierno vincularlas al IPC en el próximo año. De esta forma, los pensionistas no tendrían que esperar una revalorización anual a través de un real decreto, sino que de aprobarse por ley, las pensiones crecerían igual que los precios.

Pero la inflación de este año se espera negativa, “y no se va a penalizar a los pensionistas”, aseguran fuentes cercanas a Moncloa, por lo que no habría subida en 2021. Sin embargo, la subida estaría garantizada por ley para los próximos años, siempre que el IPC tuviese una tasa positiva. En enero de este año, el Gobierno aprobó una subida de las pensiones del 0,9% por Real Decreto, un incremento superior al 0,25% que había aprobado el Partido Popular. La subida de enero fue una estimación del crecimiento del IPC.

IPC

El Índice de Precios al Consumo acumula tasas negativas desde abril, tras quedarse a cero en marzo, el IPC descendió hasta el -0,9% en mayo. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de variación anual del IPC se situó en el -0,5%. Es decir, aunque ha avanzado una décima con respecto a julio, esta sigue estando en negativo.

La caída del IPC se explica por el descenso en la demanda de algunos productos, como por ejemplo los combustibles o los servicios de hostelería y restauración. Por ejemplo, en agosto, la tasa anual de los precios de la electricidad se situó el pasado mes en el -5,9%. Los combustibles, por su parte, acumulan una variación anual del -11%.

Las perspectivas indican que el IPC terminará el año en una tasa negativa, CEOE estima que esta se situará en el -0,2%. Algo más optimistas son los analistas de Bankinter que creen que no habrá variación y se quedará en el 0%.

En cualquier caso, no está previsto que el IPC alcance una tasa positiva que sí supondría una pérdida de poder adquisitivo si pensiones y sueldos se mantienen al mismo nivel que este ejercicio.

Funcionarios

La noticia publicada por El País sobre que el Gobierno se estaba planteando congelar las retribuciones de los funcionarios ha provocado el rechazo del sindicato de empleados públicos CSIF. Desde la organización sindical señalan que “los empleados públicos arrastran una pérdida del poder adquisitivo de entre el 12,9 y el 17,9 por ciento desde 2010”. Por esa razón, reivindican “un acuerdo de legislatura que contemple una recuperación progresiva de la estructura salarial previa a 2010, que equipare las retribuciones entre administraciones”.

Fuentes sindicales esperan poder reunirse con el Ministerio de Función Pública para negociar otros temas pendientes como la oferta de empleo público o la normativa sobre teletrabajo. De momento, la cartera que dirige Carolina Darias asegura que no tiene conocimiento sobre la congelación de los salarios públicos.