La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), el organismo público que vela por el cumplimiento de las normas en aviación, lleva años preparando el cambio de su sede a un edificio de propiedad estatal. Pero la mudanza acumula ya casi cinco años de retraso y durante todo ese tiempo la agencia, dependiente del Ministerio de Transportes, ha estado asumiendo una factura millonaria por el alquiler de sus oficinas actuales.

AESA se había marcado originalmente febrero de 2016 como fecha tope para el cambio de a su nueva sede en el Paseo Castellana 112 de Madrid, donde estuvo ubicado el antiguo Ministerio de Vivienda con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero diferentes incidencias en la ejecución de las obras (incluso con un contrato rescindido y vuelto a adjudicar y ahora con trabajos cada vez más dilatados) han hecho que AESA siga sin mudarse y siga pagando por sus oficinas de alquiler.

El enorme retraso en el cambio de sede ha hecho que AESA acumule desde la fecha original y hasta final de 2020 pagos por el alquiler de oficinas que ascienden hasta 18,85 millones de euros, según alerta la Intervención General del Estado en la auditoría en las cuentas anuales de AESA correspondientes a 2019, publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Además, el organismo asume el coste de las obras de adecuación del edificio público al que se trasladará y acumula hasta ahora gastos por otros 11,54 millones de euros más (6,24 millones ya abonados y otros 5,3 millones de pagos pendientes, que podrían incrementarse si hay nuevas desviaciones).

Edificio que albergará la futura sede de la AESA, en el Paseo de la Castellana.

El plan de AESA es hacer efectivo el traslado antes de que termine este año. De hecho, la agencia amplió el contrato de alquiler de sus actuales oficinas (dos plantas en la calle General Perón, 40, cerca del Santiago Bernabéu) por un periodo “improrrogable” de un año, hasta el 31 de diciembre de 2020.

Casi cinco años de retraso

En junio de 2015, AESA adjudicó el contrato para el acondicionamiento interior del edificio que la Administración General del Estado tiene en la confluencia del Paseo de la Castellana (número 112) con la calle Joaquín Costa, enfrente de Nuevos Ministerios. Con un plazo de ejecución de 210 días, el traslado tendría que haberse ejecutado en el primer trimestre de 2016, pero el incumplimiento del constructor (Corsan-Corviam Construcción SA) desembocó en la resolución anticipada del contrato.

La Agencia pagará más de 41 millones de euros por el alquiler de sus actuales oficinas en once años

Cuando buscaba una nueva constructora, la agencia se encontró con otros escollos. La entrada en vigor de dos nuevas normativas europeas en 2018 -una en materia de eficiencia energética y otra con exigencias de diseño ecológico- obligó a adaptar el proyecto inicial para poder cumplir con los nuevos requisitos de la legislación comunitaria, con lo que la reforma del inmueble siguió acumulando retraso y encareciéndose.

No fue hasta el 7 de noviembre de 2017 cuando el organismo público sacó nuevamente a licitación la obra, adjudicándole el contrato el 4 de abril de 2018 a Vías y Construcciones SA -una de las 15 empresas que presentaron oferta- por 7.517.500 euros (un 27 % por debajo del tipo de licitación y sin incluir el IVA). El periodo de ejecución era muy similar al anterior: 217 días (siete meses y una semana).

Como atestigua el cartel de obra colocado junto a la futura sede, los trabajos arrancaron en junio de 2018 y tenían un plazo de ejecución de 29 semanas, con lo que la rehabilitación tendría que haber estado terminada en enero de 2019. Pero más de un año y medio después, el organismo encargado de las inspección y supervisión de la seguridad en la actividad aeronáutica en España sigue sin poder trasladarse. Y la crisis del Covid-19, estado de alarma mediante, es según apuntan desde Aesa otro de los motivos del retraso este año.

Más de 307.000 euros al mes de alquiler

Cuando AESA fue constituida en 2008 tuvo como primera sede unas dependencias del Antiguo Ministerio de Fomento (hoy Ministerio de Transportes) en el complejo de Nuevos Ministerios. Pero por problemas de espacio, en diciembre de 2009 la Agencia Estatal de Seguridad Aérea empezó a operar desde unas oficinas que la aseguradora Mapfre tiene en la madrileña calle del General Perón 40.

Según se detalla en el párrafo de énfasis que ha incluido la Intervención del Estado en el informe de cuentas anuales, la AESA pactó con Mapfre una renta anual de 2.608.504 euros más otros 332.748 euros en concepto de gastos comunes de las zonas del edificio, lo que totaliza 2.941.252 euros al año (a lo que hay que sumar el más IVA y una revalorización anual en función del IPC).

A preguntas de este diario, fuentes del organismo reconoció el pasado julio que actualmente el importe del arrendamiento mensual de la sede actual es de 307.540,74 euros, lo que supone un desembolso de 3.690.488,88 euros al año.

El interventor llama la atención sobre el hecho de que la agencia estatal habrá pagado 41,83 millones de euros por el arrendamiento de las oficinas de la Calle General Perón durante los once años que las ha estado ocupando. De los que casi la mitad (cerca de 18,85 millones) se han abonado por el retraso acumulado en el cambio de sede.