La fusión entre Bankia y CaixaBank está a punto de ser una realidad. Los consejos de administración de ambas entidades se reunirán este jueves para dar el visto bueno a la operación una vez que los asuntos más espinosos han sido acordados, según ha podido saber este periódico.

La integración de los dos bancos, que dará lugar a la primera entidad nacional por tamaño, ha recibido la aprobación de las cúpulas de CaixaBank y Bankia que han estado negociando durante las últimas semanas, especialmente las últimas dos. El acuerdo cuenta, además de con la bendición de sus gestores, con la de sus principales accionistas, que son la Fundación La Caixa en el caso del primero y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) en el del segundo.

Así, las negociaciones han estado protagonizadas por José Ignacio Goirigolzarri, actual presidente de Bankia, y Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, que serán los dos primeros ejecutivos de la nueva entidad, pero han requerido también la intervención de Isidre Fainé, presidente de Criteria y de la Fundación, y de Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos, departamento del que depende el Frob, y el presidente del mismo, Jaime Ponce.

Los consejos de ambos bancos tendrán el jueves la misión de dar su visto bueno a las cuestiones más relevantes del acuerdo, como la ecuación de canje, que determinará qué porción de la nueva entidad se quedará cada accionista. Una proporción que, en todo caso, se situará en torno al 25% para Bankia y el 75% para CaixaBank, teniendo en cuenta el peso de cada una de ellas al inicio de las negociaciones.

Una vez se tenga el aprobado de los consejos de administración, será necesario convocar las juntas de accionistas, que previsiblemente aceptarán la fusión dado que tanto la Fundación, cuya participación en CaixaBank asciende al 40% a través de Criteria, y el Frob, que tiene un 61,8% de Bankia, ya han acercado sus posturas.

Escollos

La negociación ha consistido en un encaje de bolillos para cuadrar los intereses del accionista mayoritario de Bankia, el Estado, que requería una prima de entorno el 20%, y del de CaixaBank, la Fundación Bancaria La Caixa, que para cumplir esta condición y defender sus propios intereses debía intentar mantener una participación de entre el 30% y el 40%.

Por una parte, si tanto la Fundación como el resto del grupo (CaixaBank y Criteria) querían mantener su régimen fiscal para seguir tributando como grupo de consolidación fiscal, lo que le permite beneficiarse de ciertas ventajas, como destinar mayores recursos a la obra social, la participación de Criteria no debía bajar del 30%.

Por otra, si superara el 40% incumpliría la legislación actual relativa a las fundaciones bancarias que se creó tras la reestructuración del sector que siguió a la crisis financiera. Esta norma, actualizada años después, perseguía que las fundaciones bancarias abandonaran paulatinamente el capital de las antiguas cajas de ahorro, de las que en el momento eran propietarias absolutas. Para ello les dio dos opciones sujetas a plazos: o sacarlas a Bolsa o situar su participación por debajo del 40% destinando mientras un porcentaje de sus dividendos (el 30%) a constituir un fondo de reserva.