El Gobierno, justo después de poner fin al estado de alarma, escuchó a las eléctricas y maniobró para evitar un bajón de las inversiones de las compañías en plena crisis del Covid-19. El Ministerio para la Transición Ecológica incluyó el pasado junio en el macrodecreto de impulso de las renovables la petición expresa del sector de levantar topes legales para permitir adelantar inversiones millonarias en redes eléctricas como punto de lanza de la reactivación económica y el empleo, y para hacer posible la entrada masiva de nuevas renovables.

Las inversiones que las compañías hacen en las redes eléctricas tienen un tope ligado a la previsión de Producto Interior Bruto (PIB), ya que las empresas reciben una remuneración (que pagan todos los clientes a través del recibo de luz) en función de los desembolsos hechos en la mejora de las infraestructuras. Cuanto más invierten, más cobran. Pero sólo si no se pasan de ese límite.

Como este año se avecina una debacle que tumbará la economía española y que puede acabar con un desplome de más de más de un 12% del PIB, lo que haría que las inversiones en redes, en vez de poder elevarse, descendieran en plena crisis. Por eso, el Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Teresa Ribera, levantó un poco la mano y elevó el tope de manera excepcional y temporal de los porcentajes de PIB para las inversiones entre 2020 y 2022.

El límite de inversión en las redes de distribución -las de las eléctricas- pasó entonces del 013% al 0,14% del Producto Interior Bruto (PIB) previsto por el Gobierno para cada uno de los tres años, y en el caso de la red de transporte -la de alta tensión que gestiona Red Eléctrica de España- se elevó de 0,065% al 0,075% del PIB. Pero las compañías eléctricas vuelven a movilizarse para elevar aún más estos límites a la inversión.

“La recuperación económica y la transición energética exigen compromisos importantes. Para acometer el proceso de descarbonización y aumentar el grado de electrificación de nuestra sociedad son necesarias grandes inversiones”, apuntaba este miércoles Marina Serrano, presidenta de la patronal Aelec, que agrupa a las cinco grandes distribuidoras (Endesa, Iberdrola, Naturgy, Viesgo y EDP). “Para que todas estas inversiones sean posible es necesario que el límite de inversión de la distribución eléctrica se amplíe, adaptándose a la nueva realidad del PIB previsto”, sentenció durante su intervención en una jornada telemática organizada por la propia asociación.

Las eléctricas calculan que podrían elevar hasta los 9.000 millones de euros las inversiones en los próximos tres años, elevando en 2.000 millones el paquete inversor que actualmente se plantean, según fuentes del sector conocedoras del plan. Esto es, las distribuidoras quieren elevar el ritmo inversor de los cerca de 2.300 millones de euros cada año ahora contemplado hasta los 3.000 millones anuales.

“El límite de inversión no debería estar ligado al PIÇB, porque los objetivos de las empresas no lo están. Hay otras alternativas. En países como EEUU, Reino Unido o Brasil la distribuidora presenta su plan de inversión al regulador y él determina qué inversiones aprueba”, indicó Álvaro Ryan, responsable de Regulación de I-De, la filial de redes de distribución de Iberdrola. Una solución que no sería fácil de implementar en España a corto plazo por la complicada tramitación legislativa que conllevaría, y por eso el directivo de Iberdrola apostó por elevar el límite de inversión ahora del 0,14% del PIB hasta el 0,18% o el 0,20% de la riqueza nacional.

Las compañías subrayan que se trata de inversiones que van a tener que hacer en la próxima década para la digitalización de las redes y para adaptarlas al boom de nuevas renovables que ya ha arrancado, y que lo que ofrecen al Gobierno es anticipar parte de esas inversiones para ayudar a la recuperación.

“Estamos en un momento feliz, porque coincide que lo que tenemos que hacer –la transición energética para ser más sostenible- coincide con lo que es más rentable para las compañías –para conseguir una energía más eficiente y barata-“, indicó Juan José Alba, Director de Regulación de Endesa. “Pero dependerá del marco regulatorio. Necesitamos uno que nos permita invertir. Lo vamos teniendo, pero se puede hacer más (…) La remuneración debe calcularse con rapidez y que esté claro lo que va a retribuir y lo que no”.

Las compañías han encargado a Deloitte que elabore un estudio sobre el impacto macroeconómico de la inversión en redes que se presentará próximamente y que contempla inversiones de entre 29.000 y 34.000 millones hasta 2030 y la creación de 40.000 empleos.

No obstante, hay que tener en cuenta que el de la distribución es un negocio regulado y la retribución que reciben las compañías por sus redes se paga a través del recibo de la luz. Lo que se retribuye es precisamente las inversiones realizadas en esas redes: cuanto más invierten, más cobran las compañías. Y por eso el montante de las inversiones permitido también está regulado y cuenta con topes legales establecidos.

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) aprobó el pasado diciembre la circular que regula la retribución de las redes de distribución de electricidad para el periodo 2020-2025, con la que recortó los ingresos regulados de las compañías un 4,5%. Esto es, las distribuidoras cobrarán unos 250 millones de euros menos al año, unos 1.500 millones menos en el sexenio.

En la tramitación de la circular las eléctricas ya intentaron que se eliminara el tope de inversiones ligado a la evolución del PIB, y la propia CNMC valoró vincular las inversiones a la demanda y a la entrada de nuevas renovables. Finalmente el tope en función del PIB español se mantuvo tras el choque entre la CNMC y el Gobierno, que apostaba por esta fórmula. Tras la debacle económica provocada por la pandemia, el Ejecutivo dio marcha atrás y elevó el límite. Las compañías insisten en que hace falta que el Ministerio sea más ambicioso.