El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, tiene en su agenda una reforma de las pensiones una vez haya acuerdo en la Comisión del Pacto de Toledo. Además, su departamento trabaja en mecanismos que incentiven la jubilación más cercana a la edad legal y que penalicen a las prejubilaciones.

Estos mecanismos son precisamente a los que urge el Consejo General de Economistas (CGE) en su informe El reto del envejecimiento desde una perspectiva integral. En él, se pone de manifiesto que una población cada vez más envejecida tiene consecuencias económicas, desde varios puntos de vista, y entre ellos, impacta en los recursos destinados a sanidad, dependencia o pensiones.

Según datos de la Comisión Europea, “la economía española afronta compromisos financieros por envejecimiento por un importe del 24,6% del PIB hasta 2030”. Por ese motivo, el CGE insta a la “creación de “colchones anti-cíclicos” que cubran los excesos de gasto en cada momento del ciclo económico sin recurrir a una dinámica acelerada de endeudamiento”.

Sin embargo, este debate tiene lugar en el marco de una crisis mundial en la que se van a ver perjudicados los ingresos de las arcas públicas y en los que lejos de la “creación de colchones”, la deuda pública está aumentando a niveles muy altos. “La crisis coronavirus va a suponer una merma importante de los ingresos públicos necesarios para el sostenimiento de los sistemas públicos de pensiones, atención social a mayores y otros esquemas de financiación pública”, señala el informe.

Potenciar la jubilación activa

Ante la necesidad de afrontar mayores gastos por envejecimiento, el informe considera “positivo potenciar la “jubilación activa”. Esta es una de las medidas que estudia el departamento de Escrivá que pretende poner en marcha campañas para dar a conocer la posibilidad de compatibilizar el trabajo con la pensión de jubilación. Y es que según datos de la OCDE, sólo un 0,5% de los españoles en esa franja de edad sigue trabajando y cobrando la pensión, mientras que la media europea está en el 6,21%.

Por otra parte, el informe también recomienda “desincentivar el retiro temprano”, otra de las vías de trabajo de la Seguridad Social. Según explicó el ministro, actualmente las jubilaciones anticipadas voluntarias de las rentas altas, que son las más habituales, tienen una penalización del 2% por cada año que adelantan su retiro. Sin embargo, las rentas medias o bajas asumen una penalización del 8%. Esto se debe a que la reducción se aplica sobre la pensión a recibir y no sobre la base reguladora y Escrivá aboga por corregirlo.

El informe considera que de penalizar las jubilaciones anticipadas se lograría cerrar la brecha de 1,3 años de edad efectiva de jubilación española frente a la media de la Eurozona.

Pensiones

En el ámbito de las pensiones, el CGE subraya que hay margen para los “mecanismos complementarios de ahorro” basados en los planes de empresa o los planes individuales. Para reforzar estas dos vías, los economistas creen que es necesario “reforzar los mecanismos de ahorro complementario profesionalizando la gestión, incorporando las innovaciones provenientes del entorno europeo y adaptando el sistema de manera que los trabajadores no soporten mayores cargas sociales de las que ya tienen”.

Aunque se trata de un rebate recurrente, el informe subraya que “éste es el momento de plantear un debate de fondo que vaya más allá de la reforma del sistema de pensiones” y alerta de que mientras el actual escenario acelera cambios relativos a la “sanidad o la dependencia” también retrasa “la reforma de las pensiones, la estructura de las empresas y los incentivos a la productividad”.