Muy a principios de abril, en pleno estado de alarma, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) decidió abrir un buzón público específico para centralizar las denuncias de posibles abusos de empresas aprovechando la pandemia de Covid-19 (covid.competencia@cnmc.es). El objetivo era poder tener un canal directo y único para atender quejas y consultas sobre posibles prácticas irregulares en un momento tan delicado.

Desde entonces el supervisor ha recibido más de 700 denuncias sobre presuntas prácticas abusivas de bancos y empresas, procedentes de ciudadanos, de otras compañías y también de organizaciones públicas y asociaciones. E incluso de manera informal la dirección de la CNMC ha atendido consultas oficiosas de administraciones autonómicas y locales que buscaban asesoramiento sobre medidas concretas para gestionar prácticas ligadas a la pandemia.

La CNMC, ahora comandada por Cani Fernández como nueva presidenta, ya desveló que fruto de denuncias llegadas a través del buzón público había abierto varias investigaciones a bancos, a funerarias y a fabricantes de geles hidroalcohólicos para determinar si han incurrido en prácticas irregulares y contrarias a la competencia para sacar provecho de crisis sanitaria del coronavirus y de las restricciones vigentes durante el estado de alarma.

El supervisor ha decidido investigar la exigencia que algunas entidades financieras de contratación de algunos servicios para la concesión a sus clientes de los préstamos garantizados con el aval del Estado (líneas de crédito ICO) y de otras ayudas financieras aprobadas por el Gobierno por la emergencia sanitaria.

La  CNMC también abrió una investigación sobre los precios aplicados por varias empresas funerarias durante la crisis sanitaria pueden tener su origen en acuerdos anticompetitivos entre los rivales o a conductas agresivas desleales en el contexto actual. El organismo puso su lupa igualmente en el aumento del precio de los geles hidroalcohólicos para protegerse de la epidemia y de las materias primas que se emplean en su fabricación (fundamentalmente, el etanol), y también en situaciones de desabastecimiento en el mercado.

Tras recibir varias denuncias, el supervisor también ha abierto investigaciones en el sector asegurador (especialmente en relación a los seguros de deceso y los seguros de baja laboral) e inició un seguimiento de la evolución de los precios de los alimentos y de otros sectores que han podido verse afectados por la crisis del Covid.