España ha perdido a unos 100.000 funcionarios entre 2010 y 2020, la mitad de ellos en comunidades autónomas que se incluyen en la España vacía. Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Asturias suman una pérdida de 49.235 empleados públicos. Un descenso que se explica por la falta de ofertas de empleo público convocadas durante los años de la crisis financiera, el cierre de centros de salud y también porque muchas jubilaciones no se han cubierto.

Es significativo el caso de Castilla-La Mancha, que en una década ha reducido en un 13,7% el número de empleados públicos. Dentro de este cómputo se incluyen docentes, sanitarios, fuerzas de seguridad, personal de justicia, así como administrativos de ayuntamientos o diputaciones. Una reducción del empleo público que en ciertas zonas de la geografía España ha ido acompañada de un descenso en los servicios que la administración presta a los ciudadanos.

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Tal como publicó este periódico, la región manchega fue una de las que más recortó su presupuesto en Sanidad entre 2008 y 2017, junto a Andalucía y La Rioja, algo que supuso cierres de centros de salud, paralización en obras de construcción de nuevos equipamientos hospitalarios y recortes salariales para funcionarios. En 2010, Castilla - La Mancha contaba con 140.927 empleados públicos, según el último Boletín estadístico de personal al servicio de la administración pública, de enero de este año, la región contaba con 121.624.

En Castilla y León, el número de empleados públicos ha caído un 9,75% en diez años. La región contaba con 180.177 funcionarios en enero de 2010 y pasaron a ser 162.615 en el último boletín publicado en enero de 2020. En Extremadura son 8.481 menos que en 2010 y en Asturias, el número de personas que trabajan en la administración es un 6,43% menor.

Cierres por no cubrir jubilaciones

Recientemente, el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, reclamó a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, dotar de plantillas estables a las instituciones del medio rural y de las pequeñas ciudades. Guitarte apuntó que los cuerpos de funcionarios en muchas localidades de la región aragonesa son “precarias, infradotadas, y están cubiertas en muchos casos, por personal interino que espera las convocatorias de oposiciones tantas veces retrasadas”. Según los datos del Ministerio de Darias, en Aragón se ha reducido en un 1,81% el número de empleados públicos.

La Coordinadora de la España Vaciada y también Teruel Existe han denunciado que no sustituir a los funcionarios que se jubilan han provocado cierres tanto de centros de salud como de alguna delegación del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Es el caso de la oficina de Montalbán, en Teruel, que lleva tres meses cerrada por no cubrir la jubilación de la funcionaria responsable.

Descentralizar como solución

Darias ha prometido ofertas públicas de empleo “como nunca” para reforzar las plantillas públicas, unas convocatorias que se han paralizado durante este año, también a causa de la crisis del coronavirus. Sin embargo, los sindicatos denuncian que hay unas 3.000 personas que ya han superado todo el proceso para convertirse en empleado público, provenientes de las convocatorias de 2018 y 2019 y que todavía no se han incorporado.

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se anunció un plan para la descentralización de instituciones que permita dotar de más empleo público a zonas despobladas. Los primeros pasos, un centro de datos de la Seguridad Social en Soria y un centro de robótica e inteligencia artificial en Alcázar de San Juan (Ciudad Real).