El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Una norma con la que el Gobierno prevé recaudar 800 millones de euros adicionales.

Según ha explicado la portavoz del Ejecutivo y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este anteproyecto es también la trasposición de una directiva europea. Montero ha cifrado en 15.715 millones de euros, la cuantía que se pudo recuperar con la lucha contra el fraude.

La ministra ha detallado que el anteproyecto va a "permitir perseguir comportamientos inadecuados de multinacionales, una práctica que se aprovecha del entramado fiscal y de la complejidad de algunas figuras fiscales". La norma prohíbe el uso de software de doble uso para hacer una doble contabilidad y también pone el foco sobre las criptomonedas.

Pagos en efectivo

Según ha explicado Montero, con esta nueva ley, se limitan los pagos en efectivo para ir disminuyendo las cuantías y bajar "a su mínima expresión estos pagos", algo que permitirá la "trazabilidad de operaciones". La cuantía pasa de los 1.000 euros para profesionales y empresarios y de 15.000 a 10.000 euros para particulares.

La norma también incluye una actualización de la definición de paraíso fiscal y reduce el umbral hasta los 600.000 euros para aparecer en el listado de deudores. Igualmente, prohíbe las amnistías fiscales.

Planes de igualdad

El Consejo de Ministros también ha aprobado dos reglamentos en relación a la igualdad salarial. Se trata de dos normas que el Gobierno negoció con los sindicatos y la patronal, aunque esta última no firmó al estar en desacuerdo con uno de los puntos.

Ambos reglamentos desarrollan el real decreto ley sobre igualdad laboral y dan más información sobre los documentos que se deben desarrollar en el marco de la negociación colectiva de las empresas. El de igualdad retributiva obliga a las empresas a tener registros salariales por categorías y sexos.

Además, obliga a las empresas a realizar auditorías retributivas que justifiquen las diferencias salariales entre hombres y mujeres superiores al 25%.

Por otra parte, el reglamento sobre planes de igualdad, obliga a que estos se negocien con los representantes de los trabajadores y deberán registrarse como tal.

Tanto la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como la de Igualdad, Irene Montero, han insistido en que la recuperación no llegará si no se tiene en cuenta a las mujeres.