La gran industria lleva años quejándose del lastre que supone el alto precio de la electricidad en España para su rentabilidad y para poder competir con empresas de otros países europeos. Y para aliviar la situación las grandes factorías se han venido beneficiando de ayudas y compensaciones en su factura energética a través de diferentes programas. Pero este año esas ayudas se han reducido drásticamente y el recorte se produce crisis económica por la pandemia de Covid-19.

La Asociación Española de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE) alerta de que este año esas ayudas y compensaciones serán de sólo 65 millones de euros para todo el sector (entre la compensación por los costes de CO2 y el servicio de interrumpibilidad), cuando hace sólo tres años se situaban en el entorno de los 600 millones de euros. “Un fuerte recorte que se produce justo en un año malísimo, cuando más lo necesitamos”, subrayan desde la patronal de la gran industria.

El Ministerio de Industria aprobó hace unas semanas que las compensaciones de los costes indirectos de los gases de efecto invernadero que recibe la gran industria se queden este año en 61 millones de euros, cuando la previsión con que contaba el sector era percibir el máximo legal permitido por Bruselas y que este año estaba fijado en 241 millones de euros. Así que la compensación será apenas una cuarta parte de lo esperado.

“Con el 25% de la compensación máxima no llega para toda la industria este año. Es decepcionante”, apuntan desde AEGE. La patronal de grandes consumidores asegura que el Gobierno sí pretende elevar al máximo legal las compensaciones de los costes de CO2 durante los próximos tres años (entre 2021 y 2023).

Un máximo legal que se determina en función del coste de los derechos de emisiones de CO2 y del mix de los diferentes tipos de energía que se utilicen para generar la electricidad en España cada año, pero que podría situarse en el entorno de los 200 millones cada ejercicio. “A la industria de Alemania y de Francia sí les está llegando éstas y otras compensaciones este año. Así es difícil competir”, resumen las mismas fuentes.

El Gobierno ultima la aprobación en un nuevo Estatuto del Consumidor Electrointensivo, que incluirá bonificaciones y descuentos en los cargos incluidos en la factura eléctrica de la gran industria. AEGE insiste en que las ayudas que en él se contendrán son insuficientes y, en cualquier caso, no llegarán hasta el próximo año porque no hay dotación presupuestaria para éste.

En paralelo, el Ejecutivo también prepara un nuevo sistema de ayudas que sirva para sustituir el denominado servicio de interrumpibilidad, un programa que repartía mediante subastas ayudas a grandes fábricas a cambio de que pararen y dejen de consumir electricidad (o reduzcan temporalmente su consumo) en caso de que existan picos de demanda tales como para generar un riesgo para garantizar el suministro o para evitar fuertes subidas de luz del mercado eléctrico por desajustes de oferta y demanda. Las ayudas compensaban los costes energéticos de la gran industria y las pagaban todos los clientes a través de su recibo de la luz, pero Bruselas ha exigido cambios.

La última subasta, que incluyó ayudas para el primer semestre de 2020, se saldó con un reparto meramente simbólico y que suponía un desplome respecto a las cuantías de años anteriores.  El Ministerio para la Transición Ecológica modificó las condiciones de la subasta y las redujo reducirlas al mínimo: sólo 4,38 millones a repartir entre 30 fábricas durante seis meses. Un auténtico desplome frente a los cerca de 100 millones por semestre que recibieron en 2029 y los 250 millones que se venían registrando tradicionalmente.

El nuevo sistema que prepara el Gobierno (que se denominará Reserva estratégica de respuesta rápida para el respaldo de los servicios de ajuste del sistema eléctrico) contempla crear un colchón que evite apagones ya sea desconectando factorías, como hasta ahora, o aportando más energía producida directamente o procedente de sistemas de almacenamiento.

Desde AEGE se da por hecho que las nuevas subastas serán aún más duras y competitivas, y con más participantes (al estar no sólo la industria, también las eléctricas y el almacenamiento), así que las ayuda procedentes por esta vía serán menguantes. “Si ya estábamos teniendo malos resultados en las subastas, ahora no va a ser mejor”, sentencian desde la asociación.