Los grupos parlamentario de PSOE y Unidas Podemos han pactado enmiendas al proyecto de Ley del Cambio Climático entre las que se incluye vetar las minas de uranio en España o elevar los objetivos de reducción de emisiones o producción renovable fijados para 2030.

De salir adelante esta enmienda, daría al traste con los planes de la compañía australiana Berkeley de llevar a cabo la construcción de la mina de uranio en Retortillo (Salamanca).

En la enmienda, se propone añadir un artículo en el que reza expresamente que queda prohibida la investigación y el aprovechamiento de minerales radiactivos (como el uranio) cuando sean extraídos por sus propiedades radiactivas, fisionables o fértiles, en todo el territorio nacional.

Además, añade el texto, se procederá al archivo de cualquier procedimiento relacionado con la autorización de instalaciones radiactivas del ciclo del combustible nuclear para el procesamiento de dichos minerales.

Según motivan en la enmienda, los proyectos relacionados con la minería del uranio dan lugar a residuos radiactivos cuya vida transciende a generaciones y, para dar cumplimiento a la normativa española en materia de protección radiológica, es necesario establecer medidas para evitar su dispersión, que podría suponer un riesgo para la población o el medioambiente.

"Esto exige una vigilancia institucional a largo plazo de la que, en el último extremo deberá hacerse cargo el Estado haciendo uso de recursos públicos", según el texto.

Dado que no se puede exigir a la empresa minera el coste de dicha vigilancia, que se extendería casi a perpetuidad, y que las necesidades de España de uranio son "sobradamente cubiertas en el mercado internacional", se considera "oportuno" prohibir la minería del uranio por los perjuicios que pueden suponer para los recursos públicos.

En otra de las enmiendas pactadas por PSOE y Unidas Podemos, se eleva el objetivo de reducción de emisiones en 2030 respecto a 1990 del 20 al 23%, y del 35 al 42% el porcentaje de energía de origen renovable en el consumo final energético del país.

Además, propone que la presencia de renovables en el sistema eléctrico sea, al menos, del 74%, frente al 70% fijado en el proyecto de Ley por el Ejecutivo.