Mientras sindicatos y Gobierno negocian las plazas que tendrá la próxima convocatoria de empleo público, CSIF estima en 106.000 los funcionarios que deberían incorporarse a las administraciones públicas en los próximos tres años. A estos, el sindicato de funcionarios añade otros 289.235 que debería sumar la sanidad entre 2021 y 2031.

CSIF cree que es necesario un plan a largo plazo para reforzar las plantillas públicas. Por eso, ha realizado un Plan Estratégico de recursos Humanos en las administraciones públicas, que ha presentado este lunes.

El sindicato señala que "los efectos de la pandemia han puesto en evidencia las necesidades estructurales de nuestras administraciones públicas, que se han visto tensionadas y al borde del colapso en ámbitos como los centros sanitarios, educativos, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Seguridad Social o la Administración de Justicia, por el incremento en el volumen de expedientes".

Según el Plan, CSIF considera que las necesidades de incorporación se cifran en 43.700 plazas para la Administración General del Estado, 43.393 dentro de la Educación y 19.299 para Justicia. La organización sindical critica que la AGE gasta en asesores 55 millones de euros al año mientras que "con una inversión similar", la Sanidad española podría contar con "1.850 médicos más o 2.056 enfermeras; nuestras escuelas 2.056 maestros más; y servicios como el SEPE, la TGSS, nuestras cárceles o nuestros juzgados podrían tener 2.940 funcionarios más".

Pérdida salarial

En un informe paralelo, CSIF ha denunciado que los empleados públicos "arrastran una pérdida del poder adquisitivo" de entre el 12,9 y el 17,9% desde 2010. Por ello, reclaman "un acuerdo a varios años que contemple una recuperación progresiva de la estructura salarial previa a 2010, que equipare las retribuciones entre administraciones".

Esta reclamación llega junto al debate sobre si los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) incluirán una subida salarial para los empleados públicos. De momento, esta no aparece en el Plan Presupuestario remitido a Bruselas.