El Gobierno confía en que el ritmo de compras de deuda soberana del Banco Central Europeo (BCE) se mantenga durante el próximo año. De esta forma, el Ejecutivo asume que dispondrá de recursos suficientes que permitan no recurrir, de momento, a los créditos que Bruselas ha puesto sobre la mesa para paliar los efectos de la crisis del coronavirus y que junto a las transferencias suman 140.000 millones de euros.

Dentro del programa de compras de emergencia contra la pandemia (PEPP), el BCE ya ha adquirido 61.030 millones de euros en deuda soberana española, según los últimos datos disponibles correspondientes al mes de septiembre. Una cifra, que si sigue al mismo ritmo que en los últimos meses, podría alcanzar los 105.000 o 110.000 millones de euros, pese a que el supervisor ha reducido las cuantías en los últimos meses.

El cuadro macroeconómico presentado por la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, hace unos días, contempla que la deuda española alcance el 118,4% del producto interior bruto (PIB) este año. Será a partir de 2021, contando con un escenario económico más benévolo, cuando España podrá reducir su deuda hasta el 117,4%, según las previsiones de Moncloa. Es decir, el programa de compra de deuda del BCE es fundamental para la economía española y para que el Ejecutivo pueda asumir las políticas necesarias que protejan a empresas y trabajadores.

En definitiva, se trata de una red de seguridad sin precedentes que estará en marcha, al menos hasta junio de 2021 y que comprará activos por valor de 1,35 billones de euros a los estados miembros. Además, cabe tener en cuenta que las condiciones a las que el supervisor está adquiriendo deuda (al 0,15% para la deuda española a diez años) son muy ventajosas para España, que todavía no conoce las condiciones definitivas de los créditos de Bruselas.

Reducción de la emisión

Con todo, el Gobierno es optimista. Tal como anunció Calviño, el Tesoro ha reducido en 15.000 millones de euros la emisión prevista para este año. Según justificó el Ministerio de Asuntos Económicos en una nota de prensa, “las buenas condiciones de financiación, la mejora en la evolución de los ingresos, la gestión eficiente y la prudencia en la estimación de las necesidades han permitido reducir el volumen de financiación”.

El coste medio de las nuevas emisiones del Tesoro ha ido reduciéndose a lo largo del año y se sitúa en el 0,23%, nivel idéntico al de 2019. Esto ha permitido que el coste medio de la deuda en circulación haya seguido bajando y se sitúe en el 1,93%, lo que constituye un nuevo mínimo histórico.

“España tiene un historial de no utilización de fondos europeos”

Valentín pich, presidente del consejo general de economistas

Gestión de las transferencias

Además de la financiación que venga de la mano del BCE, el Gobierno sí contempla las transferencias europeas, es decir, los recursos que España no tiene que devolver y que suman, según el plan que presentó Pedro Sánchez, 72.000 millones de euros. Cabe recordar que esta cuantía pertenece a transferencias no reembolsables que no computan en la deuda pública. De estos 72.000, 27.000 ya han sido incluidos en el Plan Presupuestario que el Ejecutivo ha enviado a Bruselas y que se desarrollarán en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Los economistas subrayan que es fundamental que el Gobierno cuente con el sector privado para la gestión y ejecución de esos fondos. “España tiene un historial de no utilización de fondos europeos”, advertía a este periódico el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, hace unos días. En la misma línea se ha expresado el economista José Carlos Díez que ha advertido en su cuenta de Twitter de que en los últimos 6 años España sólo ha gastado 19.000 millones de fondos europeos. Por ello, considera una “odisea” gastar los 70.000 y considera indispensable una “visión estratégica” que incorpore al sector privado para dar salida a estos recursos.

Desde la CEOE han pedido al Gobierno que no renuncie a los créditos y han subrayado que los 140.000 millones ya han sido asumidos por “la sociedad, por las entidades financieras, por el FMI y por el Banco Central Europeo”, según señaló el vicepresidente de los empresarios, Javier González de Lara.