Los notarios siguen ampliando la base datos en la que identifican a políticos, altos cargos y allegados para luchar contra la malversación de capitales públicos, la prevaricación y el blanqueo de dinero. En total, el Consejo General del Notariado tiene identificadas a 42.152 personas, según confirman a este periódico fuentes de la organización.

Se trata de una base de datos accesible para las fuerzas de seguridad, la Fiscalía y los jueces en las que se registra la identidad de las personas con responsabilidad política y de las empresas que controlan ya sea directamente o a través de participaciones. Según estas fuentes, actualmente hay identificadas a 2.890 sociedades donde personas con responsabilidad pública tienen algún tipo de representación aunque no tengan una posición mayoritaria o puedan ejercer el control sobre estas.

La normativa no obliga a tener el foco bajo estas sociedades, pero fuentes del Consejo General del Notariado explican que consideraron importante tener esta base de datos en la que están registradas las compañías en las que personalidades con responsabilidad pública mantienen algún tipo de participación.

La legislación obliga a las entidades y cuerpos que trabajan contra el blanqueo de capitales a hacer una vigilancia especial y específica a las personas físicas con responsabilidades políticas. En la base de datos están identificadas actualmente un total de 23.197 personas con responsabilidad pública por elección o por designación. Desde enero, se han sumado 730 personas que están actualmente en activo o que hace menos de dos años que dejaron el cargo.

Según comentan las fuentes consultadas, la base de datos no deja de crecer no sólo por los nuevos nombramientos, sino porque en ocasiones, ya que se deben mantener en la base de datos hasta dos años después de dejar el cargo, puede haber varias personas incluidas que hayan ocupado una misma responsabilidad.

Los notarios consideran una persona con responsabilidad política a diputados, senadores, parlamentarios autonómicos y municipales. Además, se incluye a cargos de las altas instituciones del estado, como el fiscal general, el jefe del Estado Mayor o el jefe del Estado. Los miembros del Gobierno central, los gobiernos regionales y también los locales en municipios de más de 50.000 habitantes también figuran en el registro. Por último, los directores generales o directivos de sociedades públicas están también en la base de datos.

Allegados y socios

Uno de los aspectos que más valoran los notarios de esta base de datos no es sólo el volumen de cargos públicos que registran, sino que también se ha incluido a los allegados de estos, clave para detectar testaferros. La base de datos considera allegados a aquellas personas que tienen una relación empresarial estrecha con un político o alto cargo, ya sea porque son administradores de alguna sociedad o si reciben más de una donación al año. Dentro de esta clasificación, el notariado tiene bajo el foco a 18.955 personas, casi 2.000 más que en enero de este año.

La base de datos, que se puso en marcha en noviembre de 2017 y se dio a conocer en enero de 2018, utiliza el índice único informatizado notarial y también la Base de Datos de Titularidad Real. El registro, que comenzó con unas 25.000 personas identificadas, está cerca de duplicar la cifra entre políticos, altos cargos y allegados. “La base de datos es un instrumento utilísimo contra la corrupción y todos los delitos vinculados, así como para prevenir la malversación de caudales públicos y la prevaricación”, subrayó en su momento José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado.

Desde 2012 los notarios también cuentan con la Base de Datos de Titularidad Real en la que están identificados los titulares reales de más de 2 millones de sociedades limitadas, 126.000 sociedades anónimas y 210.000 personas jurídicas no mercantiles, como asociaciones, fundaciones o partidos políticos.