España exigirá a los viajeros internacionales de países en riesgo una PCR negativa para poder entrar al país en avión o en barco. Se trata de una medida que el propio Ministerio de Sanidad rechazó antes del verano porque consideraba que no ayudaba a "controlar los brotes". Pese a la presión de algunas comunidades autónomas y del sector turístico en los últimos meses, el nuevo protocolo arrancará el 23 de noviembre.

El control de los viajeros internacionales fue una de las preocupaciones de Canarias, Madrid y Andalucía antes del verano. Estas comunidades autónomas pedían al Gobierno la realización de test en origen a los turistas. Pero el Ministerio de Sanidad, en cambio, desconfiaba en este sistema para controlar los casos importados tras la apertura de fronteras.

En junio, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, rechazó la idea de exigir pruebas a los turistas antes de entrar en España porque creía que no serviría para controlar la gran mayoría de brotes. "Va a ser difícil hacer test en origen a los turistas si no hay un acuerdo europeo al respecto", reiteró.

Tampoco le convencía que se hicieran PCR en los aeropuertos españoles. "Es inviable, tanto por los tiempos que cuesta, como por los recursos que requiere como por el periodo de espera que tienen que llevar los pacientes en estos lugares. Además, no garantiza en absoluto que uno o dos días después vaya o no a haber casos entre los que inicialmente dieron negativo", dijo.

Mientras tanto, el ministro, Salvador Illa, daba por hecho que los viajeros que padecieran los síntomas antes de emprender su viaje iban a optar por cancelar su desplazamiento. El protocolo que ha funcionado en los aeropuertos españoles desde el 21 de julio es otro. Desde entonces, se toma la temperatura de los viajeros, se observa su estado de salud y se registran sus datos de localización.

Pese a las expectativas que el turismo puso en la temporada de sol y playa, el sector no tardó en perder la esperanza. Varios países impusieron cuarentenas forzosas y recomendaron no viajar a España ante los primeros rebrotes. Aunque Illa recordó ayer que los casos importados representan una parte ínfima —el 0,08%— de los diagnosticados durante la pandemia.

El sector turístico y las aerolíneas vienen reclamando desde hace meses la medida que el Gobierno impondrá dentro de once días. En octubre, tras la debacle del verano, el Ejecutivo cambió públicamente de criterio y buscó un acuerdo europeo para promover el turismo haciendo test en origen y algún tipo de cribado en los aeropuertos nacionales.

PCR, antígenos y sanciones

A partir del 23 de noviembre, los viajeros internacionales que lleguen de países de riesgo deberán presentar una PCR negativa si quieren entrar a España por alguno de sus aeropuertos o puertos. El baremo no será el mismo para los ciudadanos de la zona Schengen que para los que procedan de terceros países.

El Gobierno se guiará a partir del mapa de zonas de riesgo por colores que aprobó la Unión Europea hace unas semanas. La PCR será obligatoria en los países coloreados en rojo, es decir, aquellos que superen los 50 casos por cada 100.000 habitantes. Ahora mismo, sólo Noruega, Finlandia y Grecia tienen niveles más bajos. Para los terceros países, la referencia será una incidencia por encima de 150 por cada 100.000 habitantes diagnosticados durante los 14 días anteriores.

Los pasajeros deberán realizarse la PCR 72 horas antes de llegar a España y tendrán que entregar los resultados al embarcar. Para ello, el Ejecutivo pedirá ayuda a las aerolíneas y a los buques. En los aeropuertos, además, se mantendrán los controles de temperatura y de observación. Si uno de estos viajeros no puede acreditar la PCR a su llegada al aeropuerto, se le ofrecerá la opción de someterse a un test de antígenos y se le sancionará.

Las agencias de viaje, los operadores turísticos y las compañías aéreas y marítimas serán las responsables de informar a los pasajeros sobre la obligatoriedad de la PCR.

Según Illa, la medida se aplicará a partir de ahora "después de haber llegado a un acuerdo con los socios europeos". Para la Comunidad de Madrid se trata de una decisión que llega "tarde" pero que será "muy positiva". Desde la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) consideran que servirá para "restaurar la conectividad aérea y recuperar la confianza del pasajero".