El transcurso de la investigación sobre los encargos que el BBVA realizó entre 2004 y 2017 a la empresa del comisario José Manuel Villarejo captaron la atención y preocupación de los responsables del banco desde que se conoció la apertura de la causa en la Audiencia Nacional.

Este lunes, tanto BBVA como el Banco de Sabadell confirmaron acercamientos para explorar una potencial fusión y, en ese escenario, los pasos que den los investigadores en la pieza 9 del caso Villarejo o caso Tándem serán decisivos.

Además del expresidente del banco Francisco González, el juez acordó investigar como persona jurídica a la propia entidad financiera por presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios y hasta a 10 directivos de distintas áreas que de una manera u otra participaron en la contratación de servicios con la empresa Cenyt de Villarejo mientras éste estaba en activo en la Policía.

Entre esos directivos se encuentra el ex responsable de Recuperaciones del banco Antonio José Béjar, enfrentado a la actual cúpula de la entidad presidida por Carlos Torres. Béjar es el primero de los investigados que decidió declarar en sede judicial. Precisamente su segunda comparecencia ante el juez y los fiscales motivó la imputación del banco. Béjar afirmó que el expresidente Francisco González le ordenó que contratara a la empresa de seguimiento que dijera Julio Corrochano, el exjefe de Seguridad que funcionó como enlace entre el banco y el comisario Villarejo.

Estrategia de "los actuales responsables"

Béjar, que volverá a declarar el próximo 27 de noviembre en la Audiencia Nacional como investigado, interpuso una demanda de despido contra el BBVA y finalmente llegó a un acuerdo económico con la entidad. Cobrará una indemnización de 1,7 millones pero tendrá que devolver 900.000 euros si es condenado en la causa, en la que considera que trataron de convertirle en un "chivo expiatorio" para que asumiera las responsabilidades que «por acción u omisión» le correspondían al BBVA y a sus directivos.

En su demanda por despido contra el banco, incorporada también al sumario del caso Villarejo, sostuvo que «los actuales responsables del banco» diseñaron una «estrategia concertada» para derivar en él «torticeramente» toda la responsabilidad penal por la contratación de las empresas del comisario hoy en prisión y exculpar tanto al expresidente Francisco González como a la entidad como persona jurídica. Denunció que había recibido presiones para que contara qué había declarado mientras la causa estaba bajo secreto de sumario. «No hay la menor duda de que la finalidad de esa presión no es otra que la de evitar que las responsabilidades por la contratación de Cenyt se alojen donde realmente corresponden», afirmó.

Las defensas de algunos investigados en la causa y los representantes legales de empresarios personados como perjudicados porque Villarejo les espió han sido críticos con el informe interno (de tipo forensic) realizado por la consultora PriceWaterHouseCoopers (PwC) con la asesoría de los despachos Garrigues y Uría Menéndez para el BBVA. Afean que, como reconoció el perito de PwC ante el juez, el informe interno sobre los trabajos realizados entre 2004 y 2017 por el comisario investigado para el banco haya excluido cualquier información relativa al presidente actual, Carlos Torres, y el resto de la cúpula del banco entre los miles de documentos digitalizados entregados por la entidad a la consultora.

Tras la declaración del perito consideraron que la consultora está enfocando su informe a defender al actual consejo de administración en lugar de aclarar lo sucedido. De ahí que vayan a insistir en que se introduzcan los datos sobre la actual cúpula encontrados en la causa. Una futura imputación de alguno de los actuales responsables, o del propio Carlos Torres, pondría en peligro su continuidad al frente de la entidad si se consolida la fusión con Sabadell por las exigencias de transparencia del Banco Central Europeo (BCE).