La crisis migratoria de Canarias ha provocado que el sector turístico estalle también contra la gestión del Gobierno. Durante el verano, los empresarios canarios ofrecieron sus hoteles y establecimientos para acoger a los inmigrantes que desembarcaron en las Islas. Una labor que continúan hoy dando cobijo a 5.000 de las 6.200 personas acogidas en el archipiélago. Ahora, patronales y sindicatos critican al Gobierno por alargar esta solución y piden que habilite instalaciones públicas para reubicar a los inmigrantes.
Canarias vivió el martes uno de los episodios más graves de la escalada migratoria de estos meses. La Policía Nacional sacó a 227 magrebíes del campamento de emergencia del muelle de Arguineguin, en el municipio de Mogán, sin que tuviesen garantizada una plaza de acogida. Los inmigrantes abandonaron el centro sin que les hubieran realizado la PCR y ante el colapso que vive el puerto por la oleada de cayucos. Para dar cobijo a una buena parte de ellos se contrató a un complejo de bungalós del sur de Gran Canaria. Como muchos otros en esa zona de las Islas, el establecimiento llevaba tiempo vacío por la crisis que vive el sector por culpa del coronavirus.
El cierre de la ruta del Mediterráneo ha provocado en Gran Canaria la mayor crisis migratoria desde 2006. Hasta el 15 de noviembre desembarcaron en Canarias 16.760 personas, un 1.019% más que en el mismo periodo de 2019. Sólo en el campamento de Arguineguin conviven estos días 2.000 inmigrantes. El turismo ha realojado a la gran mayoría de la carga migratoria en las últimas semanas. Las 6.200 personas acogidas se reparten en 17 recursos desplegados (centros propios habilitados por el Estado, hoteles, otro tipo de espacios, etcétera). De ellas, 5.000 habitan en alojamientos turísticos.
"En verano se pidió ayuda a los alojamientos reglados, hoteles y apartamentos para dar cobijo y manutención a los migrantes. Nosotros colaboramos ante la situación humanitaria en un primer momento, pero dijimos que el Gobierno debía ponerse las pilas y habilitar un sistema público de acogida. Han pasado cuatro meses y no han hecho nada", critica José María Mañaricúa, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT).
El martes, esta patronal y los sindicatos CCOO y UGT reclamaron una "solución digna y definitiva" y no "parches provisionales" para la crisis migratoria de Canarias. En un comunicado, los tres agentes pidieron al Gobierno que habilitase las instalaciones públicas necesarias para acoger a los inmigrantes alojados en los establecimientos turísticos. También les resulta "difícil de entender" por qué se han "suscrito contratos para el alojamiento de los inmigrantes en establecimientos, por duración de un año, cuando, como solución provisional, tal y como se demandó en su día, no debieron de ir más allá del 31 de diciembre de este año".
"No creemos que [los alojamientos turísticos] sea el mejor lugar ni el más apropiado, lo que ocurre es que como tenemos turistas hay que darle una salida digna. ¿Qué ocurre? Parece como que el Estado ya estuviera resolviendo el problema. En vez de buscar soluciones, acuden a los hoteleros. Eso no puede ser, es inmoral", dice Juan Pablo González, gerente de Ashotel, la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y el Hierro. A juicio de González, recurrir al turismo para realojar a los inmigrantes "no es la panacea" y "probablemente sea la peor solución". Por eso, esta asociación y la patronal FEHT piden al Ejecutivo derivar parte de esta inmigración a la Península.
La respuesta del Gobierno en Canarias implica la coordinación de varios ministerios: Migraciones, Interior, Exteriores y Política Territorial. Todos ellos bajo la batuta de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. Pese a las críticas, el Ejecutivo niega haber actuado tarde. El Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, presumió en octubre de haber abordado el problema migratorio desde la llegada de su equipo con el nuevo Ejecutivo, en enero. Por ahora, no se han presentado más propuestas que la cesión de instalaciones militares que ya había anunciado Defensa, como la inminente inauguración del antiguo polvorín de Barranco Seco, según El País. Además, se cederán otros tres espacios para dar cobijo a inmigrantes.
A lo largo de esta semana, el Gobierno presentará su estrategia para frenar las oleadas de inmigrantes. Además de las mencionadas, el plan del Ejecutivo también contempla enviar más agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a los países de origen de los inmigrantes. En estos territorios también se intensificarán las negociaciones diplomáticas para evitar que no salgan más cayucos.
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