El Ministerio de Trabajo quiere poner remedio a que España lidere la tasa de desempleo juvenil en Europa. Para ello, a través del programa Garantía Juvenil, el departamento que dirige Yolanda Díaz potenciará los contratos formativos -de prácticas o de formación- en detrimento de otras prácticas no laborales como por ejemplo las extracurriculares.

Desde Trabajo indican que será a través del diálogo social cómo se articulará este cambio en la entrada al mercado laboral de los jóvenes. Sin embargo, ya se ha puesto sobre la mesa que los contratos formativos tengan más peso del que actualmente tienen. En este sentido, desde Trabajo estudian “incentivos que fomenten esa estabilidad, a través de programas públicos de empleo-formación, articulados a través de contratos de trabajo”.

El objetivo es dar más peso del que actualmente tienen a los contratos formativos. De los 13,1 millones de contratos que se han firmado hasta octubre, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el 0,45% han sido contratos de prácticas (42.477) o de formación (17.733).

Desde el CJE explican que apostar por los contratos formativos tiene dos ventajas, en primer lugar que “existe una relación laboral vinculada al Estatuto de los Trabajadores” y en segundo lugar que el trabajo está vinculado a una formación. “Actualmente, a través de prácticas no laborales se están cubriendo puestos de trabajo y tampoco hay una tutorización”, critica Adrià Junyent, vicepresidente socioeconómico del CJE. De hecho, según datos de UGT, a través de becas y prácticas no laborales se sustituyen unos 300.000 puestos de trabajo al año.

No hay una cifra oficial

Según la Encuesta de Población Activa, en el tercer trimestre de este año, había en España 86.300 asalariados con contratos temporales de formación o en prácticas en el sector privado y 50.700 en el sector público. Sin embargo, no existe una cifra oficial de jóvenes realizando prácticas extracurriculares o no laborales. Según indican desde el CJE, han solicitado al Ministerio de Universidades que se realice una encuesta para conocer el alcance de esta realidad educativa y laboral. “Sería interesante que la EPA preguntase por esto”, apunta Junyent.

Con todo, UGT calcula que son más de 800.000 y Comisiones Obreras eleva la cifra hasta los 1,4 millones. Las personas que realizan este tipo de tareas lo hacen a través de un contrato con la universidad o centro educativo y la empresa por lo que su vinculación no está registrada ni en la EPA ni en el SEPE.

Diferencias entre prácticas y formación

Los contratos de formación se compatibilizan con una “actividad formativa recibida en el marco del sistema de formación profesional” y están destinados a los jóvenes de entre 16 y 25 años que no tengan cualificación para un contrato en prácticas. Con este tipo de contrato, las empresas tienen bonificadas el 100% de las cuotas si tienen menos de 250 trabajadores y el 75% si son de mayor tamaño.

En el caso de los contratos de prácticas, su objetivo es ofrecer una oportunidad laboral a personas con un título universitario o de formación profesional cuando hayan transcurrido menos de cinco años desde la graduación. Estos también incluyen bonificaciones para empresas de hasta 50 trabajadores.

Pese a que se trata de dos formas de favorecer que los jóvenes entren en el mercado laboral de la mano de un empleo vinculado a su formación, lo cierto es que en muchas ocasiones estos contratos no se convierten en indefinidos. En el segundo semestre del año, la conversión de contratos de formación a indefinidos fue un 83% menor que en 2018.

Estatuto del becario

Solucionar la situación de los becarios que trabajan gratis no es algo nuevo para el Ministerio de Trabajo. De hecho, la anterior titular del departamento, Magdalena Valerio, se comprometió a aprobar un Estatuto de prácticas no laborales para que regular las condiciones en que se realizan estas becas.

El Estatuto del becario también aparece en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. Ahora, a través de Garantía Juvenil, Trabajo busca reducir esta figura y garantizar contratos de formación vinculados a cotizaciones sociales. Además, el Ministerio se ha comprometido a abordar “planes de retorno para el regreso del talento emigrado”, así como para evitar que los jóvenes españoles tengan que buscar trabajo fuera de España.