El Gobierno ha logrado sentar las bases para continuar con la legislatura tras lograr el apoyo de 187 diputados a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021. Se trata de unos presupuestos históricos, no sólo porque se hayan aprobado en una crisis sanitaria sin precedentes, también porque los apoyan doce fuerzas políticas y porque son los más expansivos de la democracia.

“Son, evidentemente, absolutamente excepcionales por el contexto en que se aprueban, de pandemia, y también por el volumen de inversión pública que movilizan que es el más ambicioso de nuestra historia democrática”, afirmó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la presentación de las cuentas.

Los PGE aumentan el gasto en sanidad, en educación y en empleo. De los 383.542 millones de euros que suponen la inversión total del presupuesto, más de la mitad van destinados a pagar pensiones, desempleo y políticas de vivienda. Además, incluyen una partida de más de 1.000 millones de euros a la adquisición de vacunas contra el coronavirus.

Las cuentas también contemplan subidas de impuestos para los tramos altos del IRPF, así como incrementos en el impuesto de Sociedades. El Gobierno ha incluido nuevos tributos, a los envases de plástico y a las bebidas azucaradas. A través de un refuerzo de la lucha contra el fraude fiscal, el Ejecutivo espera recaudar 800 millones de euros. En total, los ingresos previstos por Moncloa ascienden a 255.631 millones. Cabe señalar que se han adelantado más de 26.000 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia procedentes de Bruselas y que Moncloa ya ha incluido en los PGE del próximo año.

Este despliegue, junto a inversiones millonarias en infraestructuras y energías verdes se dará en un escenario en el que el Gobierno espera que la economía se recupere y el PIB crezca un 7,2% en 2021. Sin embargo, aunque la actividad económica se vaya recuperando, lo cierto es que este aumento del gasto público destinado a sostener rentas y apoyar a empresas pasará facturas a la sostenibilidad de las finanzas públicas en los próximos ejercicios.

Déficit público

La previsión de déficit público del Gobierno es del 7,7% para el próximo año. Se trata de un porcentaje superior al registrado en 2013 (6,6%), un año después de que el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ejecutase un plan de recortes para ajustar las cuentas en 65.000 millones de euros. Aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado en diversas ocasiones que su intención es la de reconducir el déficit una vez se recupere el crecimiento económico, lo cierto es que en 2022, cuando se espera que España lleve dos años creciendo, el déficit previsto por la Comisión Europa es del 8,6%.

Es decir, una vez se haya terminado el programa de compras del Banco Central Europeo y Bruselas empiece a exigir mayor rigor a las cuentas públicas, España tendrá que ejecutar ajustes que reconduzcan al déficit al cumplimiento de las normas europeas. A causa de la pandemia, la Comisión Europea ha suspendido las reglas fiscales de cara al próximo año, lo que significa que los países miembros pueden exceder el 3% del déficit. Esta relajación de las normas también la ha aplicado España a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos.

Advertencias nacionales e internacionales

España ya ha recibido advertencias nacionales e internacionales sobre el escenario al que se enfrenta a partir de 2022. Este jueves, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) insistía en que el Gobierno debe trabajar en una estrategia a medio plazo “que sirva de orientación fiscal y garantice de manera realista y creíble la sostenibilidad financiera de las administraciones públicas”.

También la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional han hecho hincapié en que una vez la economía se recupere es importante recuperar la disciplina fiscal y la sostenibilidad de las cuentas públicas. “Es importante para España asegurar que, cuando se tomen medidas de apoyo presupuestario, la sostenibilidad fiscal en el medio plazo se garantice”, apuntó la Comisión.