El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado que "el Gobierno se ha comprometido a abordar" el problema de la precariedad en España. En esta línea, ha señalado que "la reforma laboral es uno de los requerimientos que le llevan haciendo las autoridades europeas a nuestro país".

Sin embargo, ha alertado de que "se incide mucho en la parte de la normativa laboral, pero si nos vamos a la anterior crisis, algunas comunidades autónomas tenían una tasa del 8 o el 9% de paro y otras tenían el 20%". "No parece que la normativa laboral sea decisiva", ha insistido.

Por ello, Escrivá apuesta por "reforzar los modelos de movilidad dentro de España, para que no nos pase como en la anterior crisis". Para ello, el ministro cree que son necesarias políticas en el mercado de la vivienda, así como ayudas para la conciliación, que faciliten los traslados dentro del país.

El titular de Seguridad Social ha puesto el foco sobre los abusos de la contratación temporal y ha puesto el ejemplo de las bajas que se producen para no pagar vacaciones, por ejemplo. "Es intolerable", ha reprochado Escrivá. "Vamos a establecer una tasa por las bajas de contratos. Estamos estudiándolo", ha afirmado.

"No hay nada sólido"

Si bien ha mencionado la reforma laboral, Escrivá no ha querido opinar sobre la jornada laboral de 32 horas: "Hay cosas sobre las que se está hablando sobre las que no hay nada sólido", ha justificado.

Sobre las pensiones, el ministro ha explicado que su departamento está discutiendo algunos detalles de la futura ley de Seguridad Social con los agentes sociales. Escrivá ha insistido en que "la discreción" es importante y no ha comentado las informaciones publicadas acerca de los periodos de cotización.

El ministro ha cifrado en 30.000 millones de euros el coste total de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y ha explicado que el ministerio está realizando "una evaluación" para reconsiderar los requisitos de acceso al ingreso mínimo vital. Según Escrivá, se han recibido 1,2 millones de solicitudes y se han tramitado más de la mitad. Con todo, ha admitido que ha habido más rechazos de los que esperaba su ministerio.

El ministro ha participado en un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum y ha afirmado que el plan para ayudar a la hostelería sigue en pie, aunque todavía no se ha aprobado, y que este incluirá medidas fiscales y exoneraciones sociales.