El “escudo social” puesto en marcha por el Gobierno para proteger rentas ha puesto el foco sobre las oficinas de la Seguridad Social y también del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Las plantillas públicas están al límite, tras años de recortes y de no renovación de puestos, ambos cuerpos han tenido que asumir cargas de trabajo extraordinarias con motivo de la crisis del coronavirus.

Ante el colapso del SEPE, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reforzó la gestión del ingreso mínimo vital con la contratación de interinos a través de la empresa pública Tragsa. Sin embargo, la labor de las personas contratadas es la del volcado de datos, ya que la revisión de expedientes es una competencia de la Seguridad Social. Por este motivo, fuentes sindicales consideran que “sigue siendo insuficiente”.

Desde el Ministerio son conscientes de que el ingreso mínimo vital no está llegando a los hogares a la velocidad deseada. Hace unos días, el ministro Escrivá reconocía que se iban a revisar los criterios de patrimonio y renta porque se estaban rechazando más expedientes de los previstos. Estas afirmaciones preocupan a los sindicatos porque creen que pueden recibir de nuevo un aluvión de solicitudes si se flexibilizan las condiciones y tienen que volver a revisar expedientes ya tramitados.

Por otra parte, según ha podido saber El Independiente, la gestión de esta nueva prestación ha retrasado otras como las de maternidad o las de incapacidad temporal. Para ello, la Seguridad Social ha empezado a distribuir la gestión de expedientes entre distintas provincias para evitar el colapso de las oficinas con más trabajo. Esta solución la anunció el secretario de estado de Seguridad Social, Israel Arroyo, hace pocos meses y ya está en marcha. Es algo que ya sucede con el SEPE y la gestión de los ERTE, como ya contó este periódico. Sin embargo, es la primera vez que se pone en marcha en el departamento que depende de Escrivá.

Desde los sindicatos insisten en que es necesario reforzar las plantillas públicas más allá del millar de interinos que ya se han incorporado y apuntan que “automatizar” procesos no resuelve la carga de trabajo.

Ingreso mínimo vital

Según los últimos datos del Ministerio, en diciembre 160.000 hogares han recibido el ingreso mínimo vital. Seguridad Social ha registrado más de 1,1 millones de solicitudes aunque subrayan que unos 56.000 expedientes estaban duplicados. Además, hay 181.000 expedientes a los que se les ha pedido que subsanen errores, en su mayoría relativos a la documentación entregada. A la espera de una respuesta quedan 271.000 solicitudes.

Con todo, el ritmo de expedientes de la Seguridad Social sigue siendo de unos 12.000 a la semana. Más de 466.873 solicitudes recibidas se han rechazado por no cumplir con los requisitos.

El ministro indicó hace unos días que “en las próximas semanas se realizarán nuevas mejoras que permitirán adaptar la norma a la pluralidad de situaciones de convivencia que se producen en la vida diaria”, fundamentalmente entre las personas en situación de vulnerabilidad económica que, a menudo se ven obligadas a compartir vivienda.

Otra de las mejoras previstas es que se facilitará el acceso a la prestación por parte de personas sin hogar, de forma que “quedará excluido el límite de titulares por unidad de convivencia” en casos de convivencia en hogares colectivos (albergues, centros de acogida…). El objetivo del Ministerio sigue siendo la de llegar a 850.000 hogares.