El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un paquete de ayudas por valor de 11.000 millones de euros para aliviar la situación financiera de pymes y autónomos. Se trata de una medida muy esperada por pymes y autónomos que ya había adelantado la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, pero cuyo anuncio no ha ido acompañado de detalles sobre los mecanismos a través de los cuales se van a articular las ayudas, lo que ha cogido a contrapié al sector financiero, con el que el Ejecutivo mantiene conversaciones hace semanas sobre este tema.

El Gobierno dispone de varias alternativas para ejecutar un plan de salvación para las pymes, como la concesión de ayudas directas a las empresas, la aplicación de quitas de deuda o la recapitalización de compañías, que en el caso de pymes y autónomos se materializaría a través de préstamos participativos, si bien prioriza las dos últimas opciones.

El anuncio se produce, precisamente, en medio de las críticas recibidas por el Gobierno respecto a que España es uno de los países que menos ayudas directas ha puesto en marcha desde el inicio de la pandemia, circunstancia que se hizo palpable en un informe reciente publicado por el Banco Central Europeo (BCE).

Fuentes de la vicepresidencia de Asuntos Económicos y Transformación Digital indican que los detalles sobre las ayudas se conocerán en los próximos días, ya que la intención del departamento que dirige Calviño es la de aprobarlas en marzo. Las mismas fuentes justifican que dentro de la definición de "ayudas directas" pueden entrar otras medidas que no sean un cheque para las empresas, como por ejemplo eliminar costes que puedan tener las pymes.

De hecho, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ya ha defendido en varias ocasiones que las ayudas directas están en manos de las Comunidades Autónomas, que pueden financiarlas con los fondos que les han sido transferidos por valor de 16.000 millones de euros. 

El Gobierno, a través del Ministerio de Asuntos Económicos, lleva semanas trabajando con la banca y el Banco de España para diseñar un sistema de salvamento de las pymes, especialmente para aquellas que pertenecen a los sectores más afectados. En esas conversaciones ha estado muy presente la opción de aplicar quitas a los créditos avalados por el Estado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), una propuesta a la que la banca se opone frontalmente.

A lo largo de las conversaciones entre estas dos partes, desde el Ejecutivo siempre se ha planteado que las condonaciones de deuda se limiten a las empresas a las que se han otorgado préstamos con aval (los llamados créditos ICO) al entender que son las que más lo necesitan, según informan a este periódico fuentes financieras.

Efecto pernicioso

Desde el sector bancario, sin embargo, se desautoriza esta propuesta. Aplicar quitas solo a los préstamos que han sido avalados por el Estado, en opinión de varias fuentes financieras, tendría un efecto pernicioso sobre la competencia entre empresas, pues daría más facilidades a las que directamente acudieron a los bancos para conseguir financiación, pero dejaría fuera a todas aquellas que han optado por seguir adelante con sus propios recursos, sin recurrir a esta medida de apoyo del Estado.

Además del efecto sobre la competencia que tendría una quita generalizada, otras fuentes destacan que, indirectamente, perjudicaría a las empresas a las que se perdonara la deuda, pues a los ojos del sistema financiero serían consideradas morosas, como exige la regulación, y tendrían más difícil solicitar un crédito después.

Aplicar quitas generalizadas sin más no tiene sentido"

"Aplicar quitas generalizadas sin más no tiene sentido", explican sobre esta medida, que supondría para el Gobierno un alivio en el coste de la salvación de las empresas al conllevar un reparto de la carga de las pérdidas con los bancos.

El mayor punto de fricción aparece a la hora de determinar qué porcentaje de quita debería asumir el Estado y cuál correría a cargo de las entidades. Cuando se diseñó el sistema de garantías públicas para la financiación a empresas en problemas por la pandemia, en la pasada primavera, se fijó entre el 70% y el 80% el porcentaje avalado por el Estado (el 60% para renovaciones de préstamos), dependiendo del tamaño de la empresa. Los mayores avales fueron para las pymes y los autónomos, que desde el primer momento fueron los más interesados en esta medida de apoyo.

Estas cifras implican que los bancos asumieron desde el inicio que deberían hacer frente a entre un 20% y un 40% de los hipotéticos impagos que sufrieran estos préstamos. Impagos, que no condonaciones de deuda.

La lógica invita a pensar que el reparto de las pérdidas en caso de quita debería seguir el mismo esquema, con el matiz de que una condonación generalizada conllevaría para la banca pérdidas mucho mayores que las que generaría el hecho de que solamente una parte de los créditos concedidos se dejara finalmente de pagar.

Caso por caso

Es por eso que desde la banca prefieren que, en el caso de ser necesaria una quita, se observe la situación de cada empresa por separado, un trabajo mucho más laborioso que perdonar la deuda a nivel general, pero al que las entidades ya están acostumbradas, pues a diario tienen que lidiar con impagos de sus clientes más allá de la crisis del Covid-19.

José María Roldán, presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), así lo defendía hace unos días en un foro en que pidió, además, preservar la fortaleza de la banca y no dañar la estabilidad financiera como efecto colateral de las medidas de salvamento de las empresas. "No desvistamos a un santo para vestir a otro", reclamó.

CEOE y Hostelería, a la espera

El anuncio del presidente del Gobierno ha sido recibido por optimismo en la CEOE. Fuentes de la patronal señalan que "es una buena noticia puesto que los sectores más afectados por la crisis tienen ya problemas de solvencia". No obstante, están a la espera de conocer más detalles, ya que Sánchez no ha desvelado cómo se van a articular las ayudas anunciadas. "Entendemos que cuantas más ayudas directas se concedan, mejor. Esperamos conocer detalles pronto y lo evaluaremos", indican las mismas fuentes.

Los hosteleros, representados en Hostelería de España, también están a la espera de conocer en qué consisten los 11.000 millones de euros de apoyo a autónomos y pymes que ha anunciado el presidente en el Congreso de los Diputados. Esta misma semana el sector ha puesto cifras a las pérdidas acumuladas en 2020, en comparación con 2019, la hostelería ingresó un 51,4% menos. Es decir, una reducción de la facturación de unos 67.000 millones de euros.

Tanto el sector empresarial como el financiero se mantienen, por el momento, a la expectativa sobre el detalle de este plan de Sánchez, que aún necesita el visto bueno definitivo de Bruselas. Una vez que la Comisión Europea revisó el marco comunitario de ayudas de Estado a finales de enero, el Gobierno se puso manos a la obra para reformar la legislación vigente y que sea posible poner en marcha nuevas ayudas.

Actualmente el marco temporal de ayudas de la UE permite financiar ayudas a costes fijos de empresas por hasta 800.000 euros, si bien el Ejecutivo debe recibir la autorización de Bruselas para elevarlas hasta 1,8 millones y que las comunidades autónomas puedan acogerse a ese marco para la concesión de ayudas directas dirigidas a financiar costes como los arrendamientos, los gastos de suministro o la formación, como informó Europa Press.