La Inspección de Trabajo ha remitido 45.000 cartas a personas que tienen empleados del hogar para que, en caso necesario, regularicen sus salarios y cotizaciones, algo que ha sido bien acogido por representantes de estos colectivos que, no obstante, lo consideran insuficiente y que llega con retraso.

El Ministerio de Trabajo quiere abordar la situación salarial y de cotizaciones de un colectivo formado por 381.082 empleados, casi todos mujeres, para lo que se está dirigiendo a sus empleadores informándoles del salario mínimo vigente y de las cotizaciones que, por lo tanto, tienen que abonar en función de su jornada.

Tal y como recuerda la Seguridad Social, el salario de una jornada completa es de 950 euros al mes en 14 pagas (1.108,33 euros al mes si se prorratean las pagas extras), lo que significa que, en las jornadas por horas, se debe abonar 7,43 euros la hora.

Esta campaña supone, además, un paso para atajar la situación de economía sumergida que se da en esta actividad, ya que, según la encuesta de población activa (EPA), hay 563.100 personas trabajando en el empleo doméstico, por lo que una de cada tres no estaría dada de alta en la Seguridad Social.

Fuentes del Ministerio de Trabajo explican a Efe que se trata de la primera remesa de cartas, que luego se ampliará, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales del sector, para lo que se va a facilitar también la presentación de comunicaciones anónimas, a través del buzón de la Inspección.

Insuficiente y con retraso

Los sindicatos y asociaciones del sector valoran la iniciativa aunque la ven insuficiente y subrayan que llega con retraso.

Así, la responsable de Migraciones de UGT, Ana María Corral, cree que las misivas deberían enviarse también a las empresas de trabajo temporal o plataformas digitales que intermedian en la contratación de empleadas del hogar.

Para el secretario de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, esta campaña llega, además, con un año de retraso, puesto que el salario mínimo se elevó a 950 euros en 2020, de forma que muchos empleadores pueden llevar al menos un año sin actualizar los sueldos de sus trabajadores.

En algunos casos la campaña podría hacer necesaria la visita al lugar de trabajo de la Inspección, lo que podría conllevar problemas por el derecho a la inviolabilidad del domicilio, según explica a Efe la presidenta del sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, Ana Ercoreca.

No obstante, la Inspección encuentra la manera de hacer su trabajo, recuerda la responsable de UGT, ya que convoca a empleador y empleada fuera del hogar o, incluso, interroga a testigos como vecinos.

Esta campaña es positiva para la Asociación para la defensa de los y las trabajadoras del hogar y los cuidados (Sedoac) que está a favor de utilizar los mecanismos legales que faciliten el pago y cotización correcta, de forma que se garanticen "cuidados de calidad con un salario que, por lo menos, sea el mínimo legal".

En su cuenta de twitter Sedoac asegura, no obstante, que seguirá luchando para tener los mismos derechos que el resto de trabajadores: estar amparados por una ley de prevención riesgo laboral, prestación por desempleo y cotizar por su salario real.

Y es que las empleadas del hogar cotizan en un sistema especial, dentro del régimen general, y no tienen los mismos derechos ni obligaciones que el resto de trabajadores, como una prestación por desempleo, y cuya equiparación debería haberse producido ya pero se ha retrasado a 2023.

De hecho, la prestación por desempleo para este colectivo es el principal escollo para que España pueda suscribir el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre empleo doméstico, que ya han ratificado 25 países como Alemania, Italia o Portugal.

Para la responsable de UGT, es imprescindible que los ministerios de Trabajo y de Seguridad Social abran una mesa de diálogo social para negociar esta equiparación.