El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se ha convertido en una suerte de plan Marshall que las empresas españolas esperan para pasar página de los estragos que ha causado la crisis del coronavirus. Financiado con fondos europeos, el plan tiene que dirigir a la economía española hacia una mayor digitalización, igualdad, sostenibilidad y cohesión social y territorial.

Los ejes del plan y su importancia están claros desde el principio. No obstante, su gestión preocupa al sector empresarial y a la oposición, que acusa al Gobierno de falta de transparencia. Moncloa se ha comprometido a agilizar los trámites de licitación pública para que los proyectos que se aprueben para formar parte del plan salgan adelante lo antes posible. Sin embargo, el Ejecutivo ha diseñado una serie de órganos encargados de gestionar en algún punto los fondos europeos.

El más relevante es la Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, presidida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y formada por los ministros, las vicepresidencias y los secretarios de estado de Hacienda, Presupuestos y Gastos, Derechos Sociales; así como la autoridad responsable del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia y el responsable del Departamento de Asuntos Económicos y G20 del Gabinete de Presidencia del Gobierno.

De esta Comisión depende el Comité técnico, que a su vez deberá dar el visto bueno de los Consorcios para la Ejecución del Plan. Además, el Ministerio de Hacienda estará en contacto con las Comunidades Autónomas a través de la Conferencia Sectorial, que a su vez, tendrá una comisión de coordinadores que será la encargada de preparar y dar seguimiento a las reuniones. El departamento que dirige María Jesús Montero también será el centro directivo responsable del plan de cara a las instituciones europeas es lo que se ha denominado autoridad responsable del Mecanismo.

En definitiva, una serie de grupos de trabajo que deberán dar seguimiento al plan del que todavía quedan muchas incógnitas por resolver.

Los PERTE, al Consejo de Ministros

Esta semana, el secretario general de Asuntos Económicos y G20 del gabinete de Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha, explicó que la previsión es que las licitaciones y convocatorias empiecen “a partir del segundo trimestre”. Antes, a lo largo del mes de marzo, el Ejecutivo debe crear -según el Real Decreto-ley 36/2020 [...] para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia- el Registro estatal de entidades interesadas en los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE).

Los PERTE serán las iniciativas público-privadas que se desarrollen financiadas por los fondos europeos con el objetivo de potenciar el crecimiento económico. De la Rocha detalló que se tratará de proyectos estratégicos e innovadores que sitúen a España en la "punta de lanza" de determinadas tecnologías y con un efecto tractor notorio, por lo que habrá un "número limitado" de iniciativas. Los PERTE deberán ser aprobados por el Consejo de Ministros.

El presidente del Gobierno se ha comprometido desde el primer momento en que los ministerios tendrían un papel destacado en la gestión de los fondos. De hecho, estos pueden crear foros de participación con el objetivo de “permitir el diálogo, contar con orientaciones o recomendaciones para el éxito en la consecución de los objetivos, favorecer la discusión y la generación de sinergias y favorecer la gobernanza”, según reza el Real Decreto.

El mismo texto legal otorga preferencia a estos proyectos y reduce a cinco días los plazos para emitir los respectivos informes o cumplimentar los trámites correspondientes, sin que quepa prórroga alguna, al tiempo que los plazos fijados para la tramitación del procedimiento abierto se reducirán a la mitad por exceso, salvo el plazo de presentación de proposiciones, que será de 15 días naturales contados.

En cuanto a la tramitación de subvenciones, se eliminan requisitos de informes y autorizaciones preceptivas, si bien para autorizar la concesión de subvenciones de cuantía superior a 12 millones de euros será necesario acuerdo del Consejo de Ministros. Igualmente, se podrá efectuar el desembolso anticipado de los fondos hasta un límite máximo del 50% de la cantidad total a percibir en los expedientes de gasto que se tramiten para los que su normativa reguladora no permite o bien se limita el desembolso anticipado.

Sin ventanilla única

Aunque la idea inicial del Ejecutivo era la de crear una ventanilla única para la presentación de los proyectos, finalmente se ha optado porque haya tantas “ventanillas” como organismos licitadores de proyectos, según publicó Cinco Días. Así, aunque Moncloa centralizará toda la información en un portal, las iniciativas privadas deberán presentarse a través de los ministerios.

Todo este entramado burocrático dificulta que los fondos europeos que financiarán los PERTE lleguen a las pequeñas y medianas empresas, que son mayoría en el tejido productivo español, y que están menos acostumbradas a lidiar con trámites administrativos. Para tratar de acercar el Plan a las pymes, la CEOE, a través de la Oficina de Proyectos Europeos, desarrollará un sistema para avisar a las empresas, sean del tamaño que sean, de las convocatorias y licitaciones públicas, vinculadas a los fondos.

Con todo, fuentes empresariales consultadas por este periódico indican que les gustaría conocer “más detalles sobre la tramitación de los proyectos” y critican que “de momento, el diseño parece estar pensado para empresas del Ibex-35”. 

Grandes empresas

El Real Decreto incluye que los pliegos de condiciones deberán tener en cuenta la “potenciación de las pymes” y el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, ha insistido en varias ocasiones en la importancia de que “a los proyectos puedan acceder las pequeñas y medianas empresas para cumplir el objetivo de salida de la crisis derivada de la pandemia”. Sin embargo, teniendo en cuenta los ejes a los que se dirige el plan y el diseño de su gestión, los pequeños empresarios ven complicado acabar beneficiándose de los fondos.

A diferencia de las pymes, las grandes empresas ya dan por hecho que recibirán recursos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De hecho, varias compañías del Ibex ya han puesto cifras a proyectos que podrían salir adelante. Endesa ha propuesto planes al Gobierno por valor de 19.000 millones de euros. En el caso de Telefónica, ha nombrado a Marisa Urquía como responsable de gestionar los proyectos referentes a los fondos europeos.

Asesorar y gestionar

Mientras el Gobierno ultima el Plan que debe remitir a Bruselas, han surgido aliados de la gestión en muchos ámbitos. Uno de los primeros fue la banca, que se ofreció a elegir y distribuir los proyectos que reciban los fondos europeos. Además, las consultoras han abierto sus puertas a empresas que quieran optar a esos fondos. 

Tal como publicó este periódico, Acento, la consultora fundada por José Blanco, ha firmado una alianza con la holandesa YGroup, para ofrecer asesoramiento a empresas que quieran acceder a los PERTE. También las big four han empezado a trabajar con empresas interesadas en estos proyectos.

El Fondo de Reconstrucción europeo incluye 140.000 millones de euros para España entre ayudas directas y créditos. De momento, el Plan presentado por el Gobierno hace referencia a las ayudas directas valoradas en 72.000 millones de euros, de las que el Ejecutivo ya ha adelantado 27.000 millones en los Presupuestos Generales del Estado de este año.