De medida estrella a fracaso absoluto. La famosa tasa a Google, Facebook y otras compañías tecnológicas por ofrecer información de otros medios parece llegar a su fin, ya que el Gobierno y los principales implicados en esta guerra están ultimando un borrador para que regrese Google News y otras plataformas similares, según narran fuentes del sector a El Independiente.

Este verano se cumplirán siete años desde que el Partido Popular (PP), azuzado por las grandes corporaciones mediáticas de España, aprobó la Ley de Propiedad Intelectual, también conocida como Tasa Google, en el que entre otros puntos figuraba el famoso canon AEDE, por el que las grandes plataformas tecnológicas deberían pagar una cantidad estipulada por indexar sus artículos, una especie de canon como ocurre en otras ramas de la cultura, como la música.

Para poder realizar los cobros, motivo suficiente para que Google y otras empresas del sector tecnológico cerraran sus divisiones de noticias, el Ejecutivo de por aquel entonces, liderado por Mariano Rajoy, decidió que el ente encargado de pedir facturas a las multinacionales sería el Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro), sociedad gestora de derechos de autores de libros, revistas y otros contenidos escritos como los periódicos. 

Fuentes del sector de la publicidad y de los medios alegan que “los grandes conglomerados informativos, con la llegada de internet, se vieron amenazados” por el aterrizaje de los medios “nativos digitales”.

Así, todos los medios de comunicación y otras publicaciones, estuvieran de acuerdo o no, deberían adherirse al acuerdo, pues era de obligado cumplimiento. De hecho, las multas recogidas podían ascender desde los 30.000 hasta los 300.000 a aquellas sociedades que incumplieran el artículo 32.2 de la Ley de Propiedad Intelectual.

80 millones de recaudación

Además, un informe de AEDE, que luego se refundaría en la AMI (Asociación de Medios de la Información), previo a la aprobación de dicha regulación esperaba que se recaudaran 80 millones en concepto de cánones. Cifra que, ni de lejos, se ha llegado a conseguir, a tenor de los resultados a los que ha tenido acceso este medio debido a la decisión de Google de abandonar dicha división.

En concreto, según las cuentas anuales de 2019 (últimas auditadas y depositadas en el registro mercantil), el importe ascendió hasta los 17.115,60 euros provenientes de la AMI, que aglutina a los medios de comunicación nativos.

En los años anteriores tampoco los ingresos por estos conceptos han resultado demasiado ostentosos y desde que se comenzó a cobrar este canon apenas se ha conseguido ingresar 60.000 euros, ni un 1% a lo que esperaba AEDE.

En la actualidad existen plataformas que ofrecen un servicio similar, como es el caso de Menéame, que se negó en rotundo a pagar el canon y que, seis años después sigue operando con normalidad. El Gobierno, a través de la nueva ley, pretendía que pagase 0,05 euros por cada usuario. Pero ni Menéame pagó tal cantidad ni tampoco abonó la posible multa. 

Francia, el espejo de España

En este contexto, España va camino de seguir un modelo similar al de Francia. Google y la principal alianza de medios de información consiguieron llegar a un acuerdo por el cual la tecnológica podrá negociar de manera individual un pago por la vista previa de su contenido en la sección de noticias. 

Dichos pactos, tal y cómo explicó la empresa estadounidense, cubrirán los derechos conexos de los editores y permitirán la participación en News Showcase (el programa de Google para acceder gratis a noticias bajo muro de pago).

La gigante tecnológica recalcó en su comunicado que dicho acuerdo “confirma el compromiso de Google de compensar adecuadamente a los editores según la legislación francesa" y que están "encantados de contribuir al desarrollo de los editores de noticias en la era digital, para seguir apoyando el periodismo".

El Ministerio de Cultura en España, en pleno debate, cuenta con un as en la manga para tumbar la legislación actual. En 2019, la Comisión Europea aprobó que los medios de comunicación pudieran exigir un pago a las plataformas digitales por la vista previa de los contenidos.

Google busca una alternativa mejor

Fuentes de Google España consideran que "existe una alternativa mejor, creemos que contar con más opciones y claridad es fundamental para que la ley funcione para todos. Los editores deben tener la libertad de permitir que los servicios online se vinculen a su contenido, y tanto los servicios online como los usuarios deben poder compartir enlaces y extractos breves". 

La gigante internacional anunció recientemente una inversión por valor de 1.000 millones durante "los próximos tres años para que los medios puedan producir, distribuir y exponer información esencial a los usuarios de nuevas maneras".

Las mismas voces insisten en que en "caso de que cambie la ley en España, la revisaremos, así como su impacto, y decidiremos si Google News puede volver a España". "Mientras tanto, seguimos trabajando con los editores españoles para ayudarles a aumentar su número de lectores y sus ingresos online", puntualizan.