El precio de la vivienda en alquiler se abarató en febrero otro 1,4 % en comparación con el mismo periodo de 2020 y se dejó casi un 13 % en Madrid, un 10,2 % en Canarias y cerca de otro 10 % en Baleares, según los datos ofrecidos por el portal inmobiliario Pisos.com.

Junto a estas comunidades, muy afectadas por el frenazo del turismo a causa de la pandemia de coronavirus, entre las mayores caídas de los precios en febrero figuraron también Castilla La Mancha y la Comunidad Valenciana, con casi el 7 % menos.

La vivienda en alquiler en España tuvo en febrero una superficie media de 106 metros cuadrados y una renta media mensual de 960 euros, una cifra que arroja además un descenso del 1,5 % con respecto a los datos de enero.

Pese a haberse moderado, las regiones más caras para vivir de alquiler en febrero fueron Madrid (1.560 euros/mes), Cataluña (1.300 euros/mes) y Baleares (1.292 euros/mes), mientras que las más económicas fueron Extremadura (448 euros/mes), Castilla-La Mancha (538 euros/mes) y Galicia (582 euros/mes).

El mayor ajuste con respecto a enero produjo en Baleares (-2,9 %), Madrid (-2,9 %), Canarias (-2,6 %) y País Vasco (-2,4 %), mientras que Navarra (2,8 %) fue la que más subió.

Por provincias, Madrid fue la más cara con 1.560 euros al mes, seguida de Barcelona (1.426 euros/mes) y Baleares (1.292 euros/mes). En el lado opuesto, Cuenca cerró la clasificación con 400 euros mensuales.

En cuanto a las capitales de provincia, Madrid fue la más cara para los inquilinos con una renta media de 1.685 euros al mes, por delante de Barcelona (1.623 euros/mes) y Donostia-San Sebastián (1.230 euros/mes). Por el contrario, Ciudad Real fue la más barata con 456 euros de renta mensual.

Según el director de Estudios de Pisos.com, Ferran Font, se trata de una tendencia esperada que ha tocado de lleno a los mercados más tensionados y si bien los precios ya comenzaron a autorregularse a finales de 2019, el año de la covid ha hecho que las bajadas tomen impulso.

Además, ha agregado que en una situación como la actual los trámites son más largos, dado que la solvencia del inquilino se comprueba con mayor detalle, a lo que se añade el incremento de la oferta por el trasvase de la vivienda turística al residencial y la incertidumbre que hay en el mercado ante la nueva Ley de Vivienda.