Los organismos autónomos y el resto de entidades integrantes del sector público estatal han arrancado el año con un saldo en las cuentas de las que son titulares en el Banco de España que supera los 3.415 millones de euros, cifra que representan un incremento del 34,13 % en relación con la cantidad de que disponían a principios de 2020. A ello se suma el dinero que eventualmente tuvieran depositado en entidades financieras privadas.

De las 68 instituciones que forman parte del Tesoro Público, 27 presentaban a 1 de enero un saldo superior al del ejercicio anterior, según el listado al que ha tenido acceso El Independiente. La mayor parte de estos organismos tienen competencias relacionadas con la gestión de la crisis provocada por el coronavirus, tanto desde la vertiente sanitaria como desde el plano social.

La entidad que experimentaba el mayor aumento era el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social y encargado de la gestión de las prestaciones por desempleo. De los 131,97 millones que presentaba a principios de 2020 ha pasado a 1.255,51 millones, debido a los pagos que tiene que realizar por el impacto que las restricciones acordadas para contener la pandemia ha tenido en el empleo.

En términos absolutos, el segundo mayor incremento lo registraba el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), organismo entre cuyas funciones figura la del pago de los fondos europeos agrícolas. En concreto, la diferencia de un año a otro es de casi 223 millones (de 340,56 a 563,34 millones).

En este ámbito llama también la atención el saldo que tenía el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), que de 0,88 millones ha pasado a 19,43 millones en la comparación interanual. Este organismo es el responsable de la coordinación de la investigación en materia de I+D+i agroalimentaria a nivel estatal, así como de la ejecución de proyectos en colaboración con sectores socioeconómicos.

Investigación reforzada

También es notable el aumento en el caso de la Agencia Estatal de Investigación, instrumento que utiliza el Ministerio de Ciencia e Innovación para financiar con fondos públicos de las actividades de I+D+i. Su saldo en el Banco de España ascendía a 258,81 millones, casi cinco veces más que el 1 de enero de 2020 (55,67 millones).

Ese incremento es similar al que presentaba otra agencia estatal adscrita al departamento que dirige Pedro Duque: el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), al que se le ha asignado un presupuesto de 907 millones este año para desarrollar sus proyectos. La entidad pública para la investigación científica y el desarrollo tecnológico, que desarrolla tres proyectos de vacuna contra la covid-19, arrancaba el año con 178,18 millones en el Tesoro Público frente a los 37,41 de 2020.

También dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, el Instituto de Salud Carlos III contaba igualmente con mayores recursos en su cuenta del Banco de España para afrontar el año que debe marcar el control de la epidemia por el desarrollo del plan de vacunación. Si a principios del pasado año presentaba un saldo de 18,16 millones, esa cantidad se elevaba hasta los 59,13 millones el pasado 1 de enero.

El mayor incremento se constata en entidades con competencias relacionadas con la gestión de la pandemia

El Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el Instituto de la Cinematografía y Ciencias Audiovisuales son otros de los organismos públicos que presentaban saldos en el Banco de España más elevados que al inicio de 2020, como puede comprobarse en el listado que se reproduce sobre estas líneas.

Hay otras 41 entidades estatales en las que la diferencia es negativa. Se trata en su mayor parte de organismos que tuvieron que transferir al Tesoro una gran parte de sus remanentes de tesorería para sufragar los gastos provocados por la covid-19 en virtud de una orden dictada por el Ministerio de Hacienda al amparo del real decreto-ley 11/2020 por el que se adoptaron medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al coronavirus.

Es el caso del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que hubo de traspasar 197 millones de euros. También de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (166 millones), la Oficina Española de Patentes y Marcas (155 millones), la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (96,59 millones), el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (37 millones) y el Consejo Superior de Deportes (26 millones), entre otros.