Plus Ultra pidió un préstamo participativo de 6,4 millones de euros en 2017 a unos tipos fijos muy por encima de la media que se firmaron en España por esa fecha. Según consta en sus cuentas financieras de 2018, la empresa rescatada por la SEPI por un importe de 53 millones, suscribió un préstamo participativo con PANACORP S.A por un importe de 6,3 millones de euros. 

Los préstamos participativos se consideran patrimonio netos los efectos de reducción de capital y liquidación de sociedades previstos en la legislación mercantil. Esta deuda que contrajo le abrió una vía de escape ante la delicada situación económica que ya tenía por ese año puesto que le permitió no entrar en causa de disolución.

Para salvar dicha causa, el mismo año la junta general de accionistas aprobó una ampliación de capital de nueve millones de euros para “seguir funcionando, elaborando sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente”.

Un préstamo muy por encima de los firmados

Dicho préstamo tenía unas condiciones muy duras debido a los tipos de interés que Plus Ultra decidió acatar. Según consta en la documentación depositada en las cuentas anuales de 2018 a las que ha tenido acceso El Independiente, el préstamo participativo devenga un tipo de interés fijo que ascenderá a un 9% anual. Además, dicha deuda también tiene un interés variable con devengo y cantidad sujeta “ a la evolución prestataria”.

Así, el tipo de interés variable para cada año acordado por ambas partes sería equivalente al 2% del resultado antes de impuestos de Plus Ultra. No obstante y siempre que este último suponga al menos el 30% de los ingresos totales netos del ejercicio.

No obstante, Plus Ultra no llegó a pagar nunca el interés variable ya que en todos los ejercicios posteriores a la rúbrica del préstamo participativo declaró pérdidas tanto antes como después de impuestos. 

En concreto, en 2018, la aerolínea obtuvo 9,2 millones de euros negativos antes de impuestos. Al año siguiente Plus Ultra amortiguó la caída aunque se quedó en los -2,2 millones, mientras que en 2020, año marcado por la pandemia, obtuvo un resultado contable antes de impuesto de -3,5 millones de euros.

Pero como se mencionaba anteriormente, las condiciones de dicho préstamo estaban muy por encima de las que se firmaban anteriormente. De hecho, Plus Ultra tenía otros cuatro créditos con varias entidades financieras españolas como BBVA, Santander y Bankinter. Todos ellos con un interés nominal muy por debajo del acordado con PANACORP.

Por ejemplo, BBVA le concedió 300.000 euros al 4%, Santander fue el banco que más interés le impuso con un 4% mientras que Bankinter fue el más laxo, con un 2% por un importe de 310.000 euros.

A su vez, de acuerdo con la información del Banco de España, los tipos de intereses medios que se firmaron en 2017 para sociedades no financieras se situaron en el 1,83%. No obstante, fuentes financieras explican que “es probable que debido al volumen de la operación fueran más altas que otras”.

Papeles de Panamá

Pero los intereses acordados no son el único factor que chirría en esta operación. Dos de los accionistas de PANACORP están ligados a los Papeles de Panamá, según informó Vozpópuli recientemente.

Flavio Pedro Antonio Borquez Tarff y Héctor Antonio Tobías Roye inyectaron cada uno de ellos 1,237 millones de euros en el capital de la aerolínea hace tres años. Estas dos personas aparecen en la investigación destapada por varios medios internacionales de blanqueo de capitales.

En este sentido, cabe recordar que dentro del accionariado de Plus Ultra afloran varias fortunas venezolanas y ligadas al Gobierno de Hugo Chaves anteriormente y al de Maduro en la actualidad.

La aerolínea pertenece en un 45,33 % a Snip Aviation SL, cuyo presidente y consejero es Rodolfo José Reyes Rojas. También aparece con este último cargo Raif El Arigie Harbie.

Otro 11,47% pertenece a Flyspain SL, de la que es socio único Rodolfo José Reyes Rojas. Es decir, más del 50% de Plus Ultra está en manos del empresario.

Una historia con polémica

A pesar de que Plus Ultra tenía tomada la decisión en agosto de pedir un rescate económico a la SEPI del fondo creado el año pasado específicamente para reflotar empresas teóricamente estratégicas, el Gobierno no le concedió 53 millones de euros hasta mediados de marzo.

Pero desde que se diera luz verde a la operación, la controversia por la ayuda estatal se ha ido agrandando. El Gobierno insiste en que Plus Ultra cumple los requisitos establecidos por el Consejo Rector del Fondo de Solvencia. 

Además, subrayan que Plus Ultra es una empresa española y estratégica y contribuye a un sector clave para la economía española como es el turismo, generando 345 empleos directos y 2.500 indirectos.

Para reforzar su posición, el propio Ejecutivo se escuda en tres informes de tres consultoras diferentes para defender el propio rescate, según avanzó El País.  Dichos escritos los elaboraron el banco de inversión Daiwa Corporate Advisory, Deloitte y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y recogen que la compañía cumple los requisitos para acceder al Fondo de Solvencia y que debe ser considerada estratégica tanto por su relevancia para la economía como por su papel en la conectividad aérea del país.

Otro de los debates que se han abierto es por la relevancia en España de la compañía de vuelos para, puesto que apenas posee sólo cuatro aviones y sólo realizó un vuelo internacional a Caracas el año pasado. De hecho, compañías como Ryanair han amenazado con acudir a los tribunales por la ayuda recibida por parte del Estado.