Los empleados de la Administración General del Estado (AGE) podrán teletrabajar tres días en semana, de acuerdo con la regla general acordada este lunes por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública con los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y CIG.

Gobierno y sindicatos han suscrito los principios generales para el desarrollo del teletrabajo en la AGE, según los cuales la administración proporcionará para el teletrabajo un equipo informático con tarjeta de datos y aplicaciones y herramientas ofimáticas y de ciberseguridad necesarias para su actividad, así como formación.

Este acuerdo afectará de manera potencial a 230.395 personas al servicio de ministerios, organismos autónomos y agencias estatales, según los cálculos del sindicatos CSIF.

Tal y como ya se había acordado en el decreto ley aprobado el pasado mes de septiembre sobre el teletrabajo en las Administraciones Públicas, esta modalidad de trabajo en remoto será voluntaria, reversible y con los mismos derechos y deberes que el personal en modalidad presencial.

Además, el teletrabajo estará supeditado a que se garantice la prestación de servicios públicos y contará con identificación de objetivos, plan de seguimiento y evaluación del cumplimiento.

Tras la firma del acuerdo, el ministro Miquel Iceta, ha destacado "el paso firme dado hacia un futuro que ya está aquí" con un acuerdo "fruto del diálogo y el entendimiento con las organizaciones sindicales", ha informado el ministerio en un comunicado.

Iceta ha subrayado que el objetivo del acuerdo es "fomentar la presencia de la Administración del Estado en el territorio, especialmente en zonas de declive demográfico, modernizar la organización del trabajo mediante la consecución de objetivos y la evaluación del rendimiento, contribuir a la sostenibilidad medioambiental, generalizar el uso de las nuevas tecnologías y reconocer como una modalidad más el teletrabajo".

Para favorecer esa presencia de la administración estatal en zonas de difícil cobertura, el acuerdo recoge que se podrá articular una modalidad de teletrabajo con una prestación de servicios presencial de solo el 10 % mensual.

El documento firmado hoy también contempla que el teletrabajo se aplicará a los puestos de trabajo susceptibles de ser desempeñados por esta modalidad, previa solicitud y autorización, en tanto que cada departamento ministerial u organismo público deberá realizar un estudio previo de los puestos que puedan ser desempeñados mediante teletrabajo.

El acceso a la prestación de servicios mediante teletrabajo habrá de hacerse a través de convocatorias públicas de forma periódica o a través de gestión permanente de solicitudes en condiciones de igualdad, aunque se podrán tener en cuenta criterios como discapacidad, salud, víctimas de terrorismo o violencia de género.

Los solicitantes deberán encontrarse en servicio activo y la autorización requerirá informe previo del superior jerárquico.

Quienes teletrabajen tendrán derecho a una adecuada protección en materia de seguridad y salud en el teletrabajo.

La jornada de teletrabajo será la que corresponda de acuerdo con el calendario laboral, instrucciones de jornada y horarios, y se podrá disponer de mecanismos de control de jornada, fichaje y seguimiento de gestión.

Tras la firma del acuerdo, el secretario de la AGE de UGT, Carlos Álvarez, ha valorado que, tras un duro proceso de negociación, la transparencia y la objetividad han primado en el proceso de selección de puestos.

"Para UGT es fundamental que el personal teletrabajador tenga los mismos derechos que el resto", ha dejado claro en un comunicado.

Por su parte, el secretario general del sector de la AGE de CCOO, José Manuel Vera, ha insistido en otro comunicado en la necesidad alcanzar mayor concreción en algunos elementos cuando se desarrolle el texto del real decreto.

"Será importante avanzar en la compensación más allá de la dotación de medios tecnológicos, la prevención de riesgos laborales o en evitar la discriminación por razón de sexo", ha dicho Vera.

Desde CSIF, han valorado el acuerdo porque supone una "mejora considerable" en las condiciones laborales, garantiza la igualdad en el acceso, la objetividad de los criterios a aplicar y la transparencia en la gestión.

Asimismo, representa una reducción del tiempo en desplazamientos, un ahorro energético o una mejora en la organización del trabajo, ha dicho en un comunicado CSIF, que ha asegurado que velará por la correcta aplicación del teletrabajo en la comisión de seguimiento que se creará.