Noticias positivas para Telefónica en su intención para fusionarse con Virgin para crear la mayor empresa de telecomunicaciones en Reino Unido. La CMA, organismo que regula los mercados en el país, ha elaborado un informe positivo de cara a concretarse la joint venture en la que trabajan ambas telecos.
"Un análisis exhaustivo de las pruebas recopiladas durante nuestra investigación ha demostrado que es improbable que el acuerdo provoque un aumento de los precios o una reducción de la calidad de los servicios móviles, lo que significa que los clientes deberían seguir beneficiándose de una fuerte competencia", ha indicado la CMA.
El regulador reconoce que al principio de anunciarse la operación, le preocupaba que, tras la posible fusión, las filiales de Liberty y Telefónica podrían subir los precios o reducir la calidad de los servicios mayoristas. No obstante, tras el comunicado la CMA no ve indicios de estas prácticas por lo que los planes de las dos compañías pueden avanzar por ahora.
El regulador destaca que la operación puede seguir adelante ya que "hay otros actores en el mercado que ofrecen los mismos servicios que puede tener un alcance mayor que la nueva compañía"."Esto significa que la empresa fusionada aún necesitará mantener la competitividad de su servicio o se arriesgará a perder la costumbre al por mayor", sentencia la CMA.
El regulador apunta que al igual que con los servicios de línea alquilada, hay varias otras empresas que proporcionan redes móviles para que las utilicen las empresas de telecomunicaciones, lo que significa que "O2 deberá mantener su servicio competitivo con sus rivales mayoristas para mantener este negocio".
Fuentes de la compañía muestran su satisfacción por este veredicto aunque siempre "con prudencia". Además, aseguran que hay que tener "paciencia" y ser "cuidadosos", una vez que el regulador ha dado el visto bueno provisional a la operación.
La operación es clave para la situación financiera de Telefónica ya que, de concretarse la fusión, la empresa de telecomunicaciones prevé una reducción de deuda de entre 6.300 y 6.650 millones de euros, y un pago inicial de 6.500 millones de euros.
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