La temporalidad es uno de los problemas del mercado laboral español. El 25% de todos los ocupados españoles son trabajadores temporales, según Eurostat, ránking que España lidera dentro de la Unión Europea.

Se trata de un problema que los empresarios creen que debería ser prioritario en la agenda pública por encima de la derogación de la reforma laboral o de la subida de impuestos que está planteando el Gobierno.

Preguntado al respecto en una entrevista en Onda Cero, el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha lamentado la alta tasa de temporalidad del sector público, remarcando que se trata del sector donde este tipo de contratos son mayoritarios.

"La Administración tiene ahí una que arreglar muy importante", ha afirmado. "La UE sí está pidiendo que trabajemos en eso, no está pidiendo que hablemos de la famosa contrarreforma laboral", ha remarcado. Garamendi también ha defendido que la reforma laboral ayudó a que España creara más de 3 millones de empleos.

Lo cierto es que, mientras que la temporalidad en el sector privado es del 23,2% del total de asalariados, los contratos temporales en el sector público suponen el 29,9%, todo según la última Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Son siete puntos de diferencia entre dos sectores, la Administración Pública y las empresas privadas, que, para los empresarios, evidencian que es el Estado el que debería estar haciendo los deberes y no los contribuyentes.

Aunque en total son menos los empleados con contratos temporales que indefinidos (estos últimos representan cuatro de cada cinco del total, el 75,4%), siguen lastrando las cifras de empleo y la competitividad del país, y contribuyen a una precariedad que cada vez hace más daño al sistema.

Por eso, Bruselas ha criticado el alto número de interinos del sector público español tras identificar, precisamente, que una de las razones por las que en España la temporalidad es tan alta es por la alta presencia de estos contratos en la Administración, y ahora el Gobierno español se ha comprometido a reducirlos al 8% sin marcarse una fecha, y a reducirlos en términos generales antes de 2022.

"España tiene un porcentaje muy elevado de trabajadores interinos en el sector público. ¿Cómo va a alcanzar el objetivo de reducir ese porcentaje al objetivo del 8%? ¿Tiene pensado incluir la reducción de la alta tasa de contratos temporales en una reforma general de la Administración Pública, incluidas las contrataciones?", es clara la Comisión Europea, según un texto al que ha accedido El País.

La temporalidad se dispara en sanidad y educación

En concreto, la temporalidad es especialmente alta en los dos grandes pilares del Estado de bienestar, la sanidad y la educación, con un 41,9% y un 29,1% de trabajadores con contratos con una duración determinada.

En la Administración Pública la brecha entre contratos indefinidos, a los que los funcionarios acceden a través de oposiciones, y los temporales, sin ellas, provoca un desajuste que no existe en el sector privado, donde la flexibilidad a la hora de incorporar a alguien con contrato indefinido es mayor.

Son datos que llevan al profesor universitario y economista de Fedea Marcel Jansen a considerar al Estado como el peor empleador del país. "La Administración es el peor empleador en el mercado, con alta temporalidad y abuso de contratos de muy baja duración, incluso diarios", explica en declaraciones a El Independiente.

Jansen opina que España tiene un problema tanto en el sector privado como en el público, y reconoce que la composición de la economía del país contribuye a la temporalidad, "pero no es el único factor: influye el marco laboral". "Y si España quiere tomarse en serio de una vez por todas el problema de la temporalidad tiene que empezar a dar buen ejemplo y tiene que poner coto al abuso de la temporalidad en el sector público".

Y no se trata solo de proteger a los trabajadores, sino de mejorar la calidad del trabajo de los profesionales, ya que quienes pagan los platos rotos de esos contratos de tan corta duración son los alumnos de la educación pública, los enfermos de la sanidad... en general, los usuarios del sistema, recuerda el experto.

Pero la solución al profesor no le parece complicada, y partiría de fomentar los empleos indefinidos sin oposiciones en el sistema público, sin eliminar las plazas de funcionario, pero eligiendo y seleccionando en algunos casos a personas en base a su currículum y ascendiéndolos según la calidad del trabajo que hacen.

"Acercando la cultura de gestión de los recursos humanos del sector público a la gestión que hay en el sector privado", incide Jansen, de manera que la Administración deje de gravitar, como viene haciéndolo, cada vez más en contratos precarios.