No es habitual que Nadia Calviño, vicepresidenta de Asuntos Económicos, se salga del guion. La responsable económica del Gobierno de Pedro Sánchez siempre ha sido fiel a su perfil más tecnócrata que el del ala morada del Ejecutivo, más consciente de su relación con el sector empresarial y más moderada en su discurso. Quizá por eso los comentarios que ha pronunciado en las últimas semanas sobre el sector bancario han sorprendido e incluso sentado mal en algunos despachos. La titular de la cartera económica ha calificado de “inaceptables” los sueldos y bonus de los directivos de la banca, en un momento en que el sector está llevando a cabo una reestructuración que supondrá una tormenta para el empleo.

Las críticas de Calviño llegaron tras los anuncios de expedientes de regulación de empleo (ERE) de dos de los principales bancos del país: CaixaBank y BBVA. En concreto en el primero, Unidas Podemos ha pedido que el Estado haga uso de su 16% en el accionariado para evitar que se salde con más de 8.000 despidos. Sin embargo, como contó este periódico, por mucho que el Gobierno controle una parte de la entidad es insuficiente para evitar un proceso de estas características. “Ruido y presión política” son las únicas armas del Ejecutivo, explicaban fuentes del sector.

Cabe recordar que de la mano del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), además de controlar un 16% de CaixaBank, el Estado tiene un puesto en el Consejo de Administración. Se trata del mismo Consejo de Administración que aprobó hace ya casi un mes el nombramiento de José Ignacio Goirigolzarri como presidente de la entidad. Pero no solo eso, también aprobó su retribución y según ha podido saber este periódico, lo hizo sin ningún voto en contra. Según comentaba el mismo Goirigolzarri en una entrevista en El Confidencial, la fusión se culminó sin que este conociese cuál iba a ser su salario.

De Bankia a la nueva CaixaBank

Tras ser nombrado presidente de CaixaBank, Goirigolzarri cobrará 1,65 millones de euros como salario fijo. A estos, podría sumar hasta 200.000 euros más en caso de cumplir objetivos. Además, contará con un incentivo a largo plazo, también variable y en acciones durante varios años a partir de 2025. El presidente sólo percibirá esta última parte si se cumplen los objetivos fijados por la entidad.

Esta es la propuesta que trasladará el Consejo de Administración a la Junta de Accionistas que se celebrará el 14 de mayo. Allí, el FROB podría manifestarse en contra, en la línea del discurso de Calviño.

Con la fusión entre Bankia y CaixaBank Goirigolzarri ha incrementado su salario fijo en un 230%"

Con la fusión entre Bankia y CaixaBank Goirigolzarri ha incrementado su salario fijo en un 230%. En 2020, como consejero delegado de Bankia recibió un sueldo de 500.000 euros y renunció a la parte variable de su sueldo. El motivo de tan notable diferencia es que la entidad tenía limitados los sueldos de la cúpula directiva por haber recibido ayudas públicas en la anterior crisis.

En 2012, el Gobierno limitó por Real Decreto las remuneraciones de las entidades. En aquel momento, el presidente de Bankia, Rodrigo Rato, pasó a cobrar 600.000 euros, frente a los 2,3 millones que percibía. Meses después ese mismo año, Goirigolzarri fue nombrado presidente en sustitución de Rato.

Otro Real Decreto

Fuentes del sector comentan que la opción que tiene el Gobierno si no está conforme con los salarios que reciben los directivos es volver a limitarlos a través de un Real Decreto. La vicepresidenta de Asuntos Económicos explicó hace unos días que había trasladado la preocupación del Ejecutivo al Banco de España. Sin embargo, el supervisor bancario no tiene ningún mecanismo para limitar las remuneraciones. Desde la entidad que dirige Pablo Hernández de Cos han rechazado realizar comentarios al respecto.

Ante esta situación, la vía por la que podría optar el Gobierno es la de sacar adelante una ley que limitase las remuneraciones fijas de los altos directivos de los bancos. De hecho, no sería el primer país de la Unión Europea en plantearlo. Países Bajos pidió opinión al Banco Central Europeo (BCE) en 2018 acerca de una ley que obligaría a los bancos cuya quiebra podría desestabilizar al país a pedir autorización al Ministerio de Finanzas para incrementar las retribuciones de la cúpula directiva. 

Entonces, una opinión firmada por el entonces presidente del supervisor, Mario Draghi, señalaba que la ley no entraba en conflicto con las competencias del BCE. Draghi se limitó a advertir que las disposiciones adicionales de la ley debían tener en cuenta cuáles eran las atribuciones del supervisor. Con todo, la norma sigue siendo un borrador y no se esperan avances hasta el verano de este año.

Ante las críticas, el sector bancario defiende que se trata de entidades privadas y cuyas remuneraciones están avaladas por los accionistas. En 15 días, el Estado tiene otra posibilidad de manifestarse en contra de los salarios de la cúpula de la nueva CaixaBank.