El Ministerio de Hacienda prevé que el déficit (la diferencia entre ingresos y gastos de las Administraciones Públicas) alcance este 2021 el 8,4% del PIB. El de 2022 lo sitúa en el 5%; el de 2023, en el 4%, y el de 2024, en el 3,2%, según el cuadro macroeconómico que el departamento ha hecho público este viernes.

Pero la suspensión de las normas fiscales de la Comisión Europea, una de las primeras medidas que el organismo tomó en relación a la pandemia y que permite a los estados sobrepasar sus objetivos de déficit y deuda sin multarlos por ello, solo dura, por ahora, hasta este año.

Por eso, según las actuales previsiones del Ejecutivo, España incumpliría las reglas fiscales en, al menos, tres ejercicios: en 2022, por dos puntos; en 2023, por uno, y en 2024, por 0,2, ya que dichas normas establecen que nuestro país no puede sobrepasar el tope de déficit del 3%.

En 2020, el déficit se disparó hasta el 10,09% del PIB, sin incluir las pérdidas de Sareb (con ellas se elevó al 10,97%), por el mayor gasto que llevó a cabo el Estado para hacer frente a la pandemia. Supuso la segunda cifra más alta desde que se tienen registros, solo por detrás de la de 2012 (cuando fue del 10,6%). En 2019 estuvo en el 2,64% del PIB, y en 2018, en cambio, por debajo del 2,7%.

La Comisión Europea, dispuesta a mantener la excepción en 2022

Por ahora, la Comisión Europea se ha mostrado favorable a mantener las reglas sobre déficit y deuda suspendidas en 2022, en el documento de «orientaciones» presupuestaria que presentó en marzo, aunque probablemente no lo decida en firme hasta en junio. Con esta medida busca que los gobiernos puedan seguir adoptando medidas de estímulo que impulsen sus economías y compensen el impacto de la pandemia.

Así, mantendrá activada la «cláusula general de escape» del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que activó en marzo de 2020 para congelar las sendas de consolidación fiscal en los Estados miembros.

El criterio clave para que deje de estar en vigor dicha cláusula es que la economía del bloque recupere su nivel previo a la pandemia, es decir, que la economía remonte hasta alcanzar el PIB que tenía a finales de 2019, algo que no está previsto al menos hasta que acabe 2022.

«En consecuencia, las actuales indicaciones preliminares apuntarían a seguir aplicando la cláusula de escape general en 2022 y a desactivar a partir de 2023», subrayaba el texto presentado en marzo.

Sin embargo, los economistas advierten de que esta relajación puede resultar peligrosa si no se aprovecha para llevar a cabo cambios estructurales. ¿Y si no se recupera la senda del equilibrio? La Comisión prevé sanciones, más allá de exigir ajustes, a los que se salgan de sus normas a las cuentas públicas.

Por ejemplo en 2016, la Comisión propuso una multa e incluso congelar fondos comunitarios a España por no haber tomado medidas suficientes para corregir el déficit, pero finalmente acabó cancelando la sanción.

Este viernes día 30 de abril terminaba el plazo máximo para enviar a la Comisión Europea el Plan de Estabilidad, el documento que contiene las tasas del déficit público y la actualización del cuadro macroecononómico general.

En este mismo día, el Ejecutivo remitió también a Bruselas el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, con el paquete de reformas e inversiones que pretende impulsar España para canalizar los 140.000 millones de fondos europeos de reconstrucción que recibirá hasta 2026.