A partir de 2023, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones adecuará el periodo de cómputo de las pensiones a "la realidad actual de las carreras profesionales". Es decir, el departamento de Escrivá abre la puerta a extender el periodo para el cálculo de la prestación pública, así como a la elección de los años cotizados por parte del ciudadano.
Ya en enero, la medida de extender el número de años a tener en cuenta para la pensión, de 25 a 35 años, causó revuelo porque de forma general la medida podía suponer un recorte en las pensiones. Sin embargo, el departamento de Escrivá justifica que "el efecto medio de calcular la pensión sobre un determinado periodo de referencia no es uniforme en las cuantías de las pensiones, pues depende de las características concretas de cada carrera de cotización".
Así consta en el Componente 30, relativo al sistema público de pensiones, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, publicado este miércoles por el Ejecutivo. En el mismo documento, el departamento de Escrivá añade que "se revisará el procedimiento de integración de lagunas de cotización para atender a la realidad de unas trayectorias laborales cada vez más atípicas por fragmentadas".
En este sentido, Escrivá plantea compensar un posible recorte de la pensión con la integración de lagunas de cotización o la elección de años a tener en cuenta.
Esta medida afectaría a los nuevos pensionistas, si bien la implementación sería progresiva, tras su aprobación a finales de 2022, después de negociarse en el marco del diálogo social.
Bases máximas de cotización
En el mismo documento, Seguridad Social plantea el incremento gradual de la base de cotización máxima, algo que Escrivá ya planteó tras asumir el cargo pero que la pandemia paralizó sine die. Ahora, según consta en el plan remitido a Bruselas, la aprobación de esta medida está prevista para finales de 2022, aunque su implantación se prolongará durante tres décadas.
Antes de estos cambios, llegará la fórmula de revalorización de las pensiones, pactada hace unas semanas con los sindicatos, vinculándolas al IPC, antes de final de año. De igual forma, la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social y el acercamiento de la edad efectiva de jubilación a la edad legal, también se prevén a lo largo de este año.
Planes complementarios
En el primer semestre de 2022, el departamento que dirige Escrivá también comenzará los cambios relativos a los planes complementarios. El objetivo es impulsar los planes de empresa que complementen a la pensión pública, en detrimento de los planes de pensiones privados.
Para ello, el Gobierno planteará dentro de un año la creación de fondos de pensiones de empleo de promoción pública y gestión privada, la simplificación de los trámites en la adscripción y gestión de planes, así como incentivos fiscales para impulsar estos instrumentos. A través de estos beneficios, el Ejecutivo buscará incentivar estos mecanismos entre "los jóvenes" y las rentas medias.
Cabe recordar que los Presupuestos Generales del Estado ya incluyen modificaciones fiscales con respecto a los planes de pensiones. Según recoge el documento, "el desafío más importante es lograr la implantación de la modalidad del sistema de empleo a través de la negociación colectiva".
Por último, el nuevo sistema de cotización del régimen de autónomos se aprobará en el primer semestre de 2022 y se desplegará desde esa fecha. El objetivo es corregir "la distorsión generada por la facultad de elección de la base de cotización" y basar el nuevo modelo en los rendimientos por la actividad económica desempeñada.
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