El Gobierno ha aprobado este martes el código de buenas prácticas para las ayudas directas a empresas y pymes que solicitaron durante créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Un código al que las entidades financieras se podrán adherir de manera voluntaria. Las entidades dispondrán de un mes para comunicar a la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional que se suman al código, cuya lista de participantes tendrá carácter público.

Dentro de ese marco, las empresas y autónomos cuya facturación haya caído un 30% y que cumplan determinados requisitos podrán beneficiarse de la extensión hasta 10 años en el plazo de amortización de los préstamos avalados con dinero público. Hasta ahora estaba en ocho años.

Asimismo, el Gobierno quiere proporcionar más tiempo a las empresas viables para recuperarse de los efectos económicos de la crisis sanitaria. Para ello, se permitirá también la ampliación de los periodos de carencia más allá de dos años, previo acuerdo entre las partes.

Con el fin de mejorar la solvencia y calidad crediticia de las empresas, ha sostenido la portavoz del Gobierno tras la reunión del Consejo de Ministros, se contempla el mantenimiento del aval público para los préstamos que, por acuerdo voluntario entre la entidad financiera y la empresa, se conviertan en préstamos participativos.

Para poder ser beneficiario de esta medida, la empresa deberá haber registrado una caída de su facturación del 30% en 2020, presentando además un resultado negativo después de impuestos. Asimismo, la empresa no podrá estar en mora en ninguna financiación suscrita con la entidad y no encontrarse en concurso de acreedores.

Las entidades financieras que se adhieran al código de buenas prácticas se comprometerán a estudiar la situación financiera de las empresas y autónomos que lo soliciten y gocen de financiación avalada con dinero público, contraída entre marzo de 2020 y marzo de 2021.

Reestructuración de préstamos

Asimismo, el Gobierno tiene previsto destinar 3.000 millones de euros para que el ICO, CESCE y CERSA acompañen los procesos de reestructuración de préstamos que cuenten con aval o reaval del Estado. Con ello se busca reducir el importe nominal de la deuda y, por tanto, completar el catálogo de instrumentos para asegurar la solvencia de empresas viables con problemas financieros transitorios.

Por otro lado, ha explicado la también ministra de Hacienda, el acuerdo aprobado este martes establece unas reglas de coordinación entre entidades financieras y la obligación de mantener abiertas las líneas de circulante del beneficiario hasta el 31 de diciembre de 2022.