La posibilidad de implantar un sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado ha levantado una auténtica polvareda política y empresarial. Ante las críticas de la oposición y de las asociaciones profesionales a la propuesta remitida por el Gobierno a Bruselas dentro del Plan de Recuperación, el Ejecutivo ha recordado que el PP solicitó en dos ocasiones informes a la empresa pública Ineco (dependiente del Ministerio de Fomento) para evaluar la implantación de este sistema en España.

El Ministerio que por entonces dirigía Íñigo de la Serna pidió en 2018 con carácter urgente los cálculos sobre las tarifas a aplicar en diferentes escenarios a partir de 2021. Independientemente de la tipología de los vehículos a los que se aplicase el gravamen, la recaudación prevista en el informe adelantado por la Cadena Ser, ascendía a los 2.743 millones de euros para este año.

Pero en otro informe anterior elaborado en 2012 por el mismo organismo, se advertía al Gobierno de las repercusiones económicas que tendría la activación de este sistema. En el texto, al que ha tenido acceso El Independiente, se advertía de que el mecanismo podría suponer la pérdida de entre 3.000 y 5.000 puestos de trabajo en el sector del transporte de mercancías por carretera.

Una incidencia en el empleo "significativa dada el bajo nivel de formación del sector y su difícil empleabilidad", afirmaba el texto. Señalaba también que "los operadores menos eficientes, normalmente autónomos y pequeñas empresas, serán los que tengan menos capacidad de absorber o trasladar el incremento del coste".

Desde el actual Ministerio de Transportes, en manos de José Luis Ábalos, han asegurado estar dispuestos a explorar fórmulas para dejar al sector profesional del transporte fuera de la aplicación del gravamen que no sólo podría hacer peligrar puestos de trabajo. "Dado que el sector de transporte por carretera es un sector muy competitivo con escasos márgenes, la mayor parte de este incremento de costes se trasladará a los precios", alertaba el Ineco.

En principio -puntualizaba el texto-, "el incremento de costes se repercutirá igualmente a los precios a no ser que el sector pueda absorberlo vía una reducción de beneficios, lo que sucederá en pocos casos". El texto detallaba también que "una tarifa en el entorno de 0,10 €/km para un vehículo de más de 12 toneladas representaría un sobrecoste de entre un 7% y un 9% de su coste total de transporte aproximadamente".

Asimismo, advertía al Ejecutivo de que en caso de que se imponga una “viñeta” en función del tiempo, "el gravamen para las empresas representa un incremento en un coste fijo, lo que afectará a la rentabilidad de las empresas y a sus decisiones de entrada y permanencia en el mercado".

El informe del Ineco pronosticaba además que la repercusión a corto plazo de la inflación sería de "entre el 0,03 y el 0,2% dependiendo de la cuantía y alcance del gravamen", aunque a medio plazo "el impacto será prácticamente imperceptible".

Concentración y reducción del sector

Asimismo, señalaba que el incremento del coste para los transportistas les llevaría a modificar elementos de su proceso productivo para minimizar el impacto que tal incremento pueda tener en sus beneficios. En este sentido, el informe advertía de la posibilidad de que se produjese un proceso de concentración empresarial.

En paralelo a ello, también pronosticaba un proceso de reducción del sector. "Una parte, aquella con menor capacidad de trasladar el incremento del gravamen a los precios y con menor capacidad de absorberlo reduciendo márgenes o mejorando la eficiencia podrá ser expulsada del mercado", apuntaba.

Entre las alternativas que proponían los expertos del Ineco estaban limitar o bonificar el gravamen para los vehículos más pequeños (por debajo de 12 Tm); eximir o bonificar determinadas autovías "de las regiones más periféricas o con mayores problemas sociales"; y establecer un calendario diferenciado por zonas geográficas. Asimismo, se advertía de que el gravamen "puede suscitar cuestiones de equidad territorial" y que este mecanismo basado en la distancia "puede acentuar el efecto centro‐periferia".

Ante la polémica generada, Ábalos, ha asegurado este miércoles que la medida no seguirá adelante si no cuenta con el consenso de los grupos de la Cámara. Además, ha afirmado que el precio que ha pensado el Ejecutivo "ha sido como mínimo un tercio más barato" que el que barajó el de Mariano Rajoy en febrero de 2018, que supondría pagar 246 euros anuales por turismo y 7.066 euros por camión.