El nuevo límite de 1.000 euros a los pagos en efectivo incluido en el proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal aprobado por el Congreso no contribuirá a la recuperación del consumo en un momento crítico para el comercio. Un sector que acumula 60.000 empleos perdidos desde el inicio de la pandemia y al que las ayudas prometidas por el Gobierno no terminan de llegar.

"Es una medida inoportuna que, en lugar de contribuir a la recuperación, solo servirá para poner palos en las ruedas y que va a tener una incidencia muy negativa", señala Javier Millán Astray, director general de Anged, la patronal que agrupa a grandes compañías de distribución como Carrefour, Alcampo, El Corte Inglés, MediaMarkt, Ikea o Leroy Merlin.

Asimismo, el portavoz de la Confederación Española del Comercio (CEC), Carlos Moreno-Figueroa, cree que "la afectación al comercio es absoluta" y considera que "el que quiera defraudar, lo va a hacer de cualquier manera". En este sentido, la patronal que agrupa a las pequeñas y medianas empresas del sector considera que no es momento de "poner limitaciones" a los consumidores.

"No va a incentivar el consumo y va a hundir más al comercio. Nadie nos ha dicho que tiene sentido ponerla en marcha"

Eduardo Zamáloca, presidente de Acotex

En el sector creen que es pronto para cifrar el impacto que puede tener sobre los resultados de las compañías. Pero tienen claro que "es una medida que lo que hace es recortar la capacidad que tiene el consumidor de elegir cómo compra y qué medio pago usa". "Ni favorece a los consumidores, porque le deriva hacia medios de pago que tienen un coste, ni al consumo. Esperamos que se reconsidere esta posición y no se lleve a la práctica", ha remarcado Moreno-Figueroa.

Como ejemplo, ha recordado que "un tercio de los consumidores sigue haciendo pagos en efectivo en el sector de electrodomésticos" y que muchos de ellos cuentan con limitaciones en sus tarjetas que, por ejemplo, "les impiden abonar más de 800 euros". "Tampoco tenemos que obligarles a que tengan tarjeta de crédito", ha apostillado.

Por su parte, Eduardo Zamáloca, presidente de Acotex, la patronal del comercio textil, ha transmitido su "indignación" con la inclusión de la enmienda en el texto legislativo. "Nos parece increíble que de repente se vote en contra de necesidades de los consumidores y comerciantes", ha señalado. "No va a incentivar el consumo y va a hundir más al comercio. Nadie nos ha dicho que tiene sentido ponerla en marcha", ha insistido.

En este sentido, Zamáloca ha asegurado que el sector (que acumula una caída del 40% de facturación en lo que va de año respecto a 2019) se reunió con los diferentes Grupos Parlamentarios y tuvo la sensación de que ninguno de ellos veía con buenos ojos la medida. "Parece más un cambio de cromos que una solución para ayudar al comercio o evitar el fraude fiscal", ha considerado.

Enmienda del Grupo Socialista

El límite a los pagos contemplado en el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros y que fue remitido a la Cámara Baja, se circunscribía a operaciones entre empresarios. Aunque una enmienda introducida por el Grupo Socialista lo ha extendido a las operaciones en la que una de las partes sea una empresa o profesional.

Según datos del BCE, el 83% de las operaciones de compra son en efectivo, diez puntos más que la media europea

Según datos del Banco Central Europeo, el 83% de las operaciones de compra son en efectivo, diez puntos más que la media europea. Al ser el medio de pago emitido y garantizado por los Estados, en el sector creen que no se puede poner bajo sospecha de delito el uso de la moneda en curso legal por parte de los ciudadanos.

Asimismo, Millán-Astray ha señalado que "es una medida que va en contra de lo que están recomendando las instituciones europeas". Y ha recordado que apenas cinco países en la Unión Europea ha establecido límites al pago con moneda corriente. Y tan sólo Francia ha colocado el umbral en los 1.000 euros. El resto, están por encima de los 2.500 euros, como tiene España en estos momentos.

El texto lleva siete meses en trámite y recibió este martes el visto bueno la comisión de Hacienda del Congreso con el voto en contra de PP y Vox. Aún debe pasar por el Senado para ser ratificado antes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y su posterior entrada en vigor. "Esperamos que se reconsidere esta posición y no se lleve a la práctica", ha concluido Millán-Astray.