Las grandes constructoras españolas encaran una nueva etapa tras la crisis del coronavirus y algunas se muestran decididas a centrar esfuerzos en ampliar el negocio de las concesiones y el de las energías verdes, como vía para obtener recursos seguros y recurrentes sin riesgos elevados.

La construcción -donde el margen de beneficio cada vez es más pequeño-, va perdiendo peso poco a poco, aunque todas las miradas están puestas en el efecto que pueda tener sobre este segmento los fondos de reconstrucción que ha puesto en marcha la Unión Europea para los próximos años. Al menos, en el volumen de negocio que pueden copar en España.

De hecho, las grandes constructoras confían en que vuelva a reactivarse la licitación pública una vez se controle la situación sanitaria. Desde el comienzo de la pandemia, se ha reducido un 26% en obra civil (alcanzando los 8.364 millones de euros), mientras que la contratación pública ha retrocedido un 40% (tan solo 6.348 millones). Ambos casos representan niveles de 2014, según los datos de Seopan, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras.

Varias fuentes del sector creen que habrá un repunte en el ámbito de la construcción en los próximos tres o cuatro años, pero también creen que se incrementará el nivel de las concesiones. Consideran, de hecho, que el Ejecutivo debería reforzar este modelo que se usa menos que en otros países de nuestro entorno. Sobre todo, en un momento especialmente delicado para las cuentas públicas, con una deuda disparada. "Si el Gobierno quiere hacer obras, va a tener que tirar de concesiones", concluyen las citadas fuentes.

Asimismo, compañías como Ferrovial, ACS o Sacyr tienen la vista puesta en incrementar su volumen de negocio mediante este sistema en los próximos años. Así lo reflejan sus diferentes planes estratégicos para el próximo lustro. De esta manera, pretenden conseguir ingresos asegurados y recurrentes, mediante la gestión de infraestructuras en las que pueden cobrar un canon, como ocurre con las autopistas.

Ferrovial busca desde hace dos años vender su división de servicios, aunque a la compañía que preside Rafael del Pino se le resiste la operación que pretende cerrar en este mismo ejercicio. Asimismo, trata de recuperar la potencia de sus negocios de concesiones (autopistas y aeropuertos en el extranjero), afectados por las limitaciones a la movilidad impuestos por la pandemia.

Sacyr, por su parte, pretende potenciar en los próximos años su actividad en las infraestructuras de transporte, sociales y renovables, con contratos a largo plazo que tengan un riesgo de demanda reducido. Y la compañía presidida por Manuel Manrique ve posibilidades de extender su negocio en Latinoamérica de la mano de su división de Concesiones. ACS, asimismo, sigue adelante con sus intenciones de aumentar el negocio concesional, aunque también trata de hacerse un hueco en el campo de las energías renovables.

A la caza de fondos europeos

En paralelo a la transición que se vive en el seno de las grandes constructoras, la vista está puesta en los fondos europeos. De momento, existe un "alto grado de incertidumbre" sobre cómo se van a distribuir. Pero desde hace meses, las grandes compañías trabajan de la mano de las consultoras para identificar potenciales vías de negocio dentro de las líneas estratégicas marcadas tanto por Bruselas como por el Plan de Recuperación del Gobierno.

"Esto no puede demorarse más allá de finales de verano", trasladan desde una de las compañías. Alertan, eso sí, de que su recepción puede correr peligro "si no se cumplen los plazos" marcados por el Ejecutivo comunitario. En todo caso, se mantienen a la espera de que Moncloa aclare cómo se articulará finalmente el reparto del dinero.

Nuevo Puente sobre el Río St. Lawrence. Montreal. Canadá. ACS

Por lo pronto, Ferrovial ha promovido 37 proyectos candidatos a los fondos europeos, que prevén movilizar una inversión de 5.000 millones de euros. Asimismo, participa como socio en otros 24, valorados en 3.700 millones.

Entre ellos, hay algunos destinados a la transformación integral de polígonos industriales o a la digitalización de corredores de transporte. También se centran en la producción de energía renovable a partir de residuos y en la movilidad urbana. En este sentido, la empresa quiere implantar en España una red de más de 20 'vertipuertos', la infraestructura que emplearán los futuros taxis voladores, para conectar distintos núcleos urbanos.

ACS, por su parte, contempla proyectos por valor de más de 4.000 millones de euros. La empresa ha identificado 25 potenciales proyectos que tienen que ver con el hidrógeno verde, el reciclaje, la movilidad terrestre y los sistemas de ahorro de energía en ciudades.

FCC, a quien el negocio de concesiones le reporta un 9% de su resultado bruto de explotación, ha identificado ya siete programas tractores de los incluidos en los planes de recuperación. En concreto, la compañía que controla el empresario mexicano Carlos Slim centra su atención en actuaciones dirigidas a la rehabilitación de viviendas, a la movilidad y los sistemas de agua. También muestra interés por la economía circular con la reutilización de plásticos, recuperación de materiales o fomento de bioresiduos.