La reforma de las pensiones está a punto de convertirse en una realidad. El acuerdo entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y sindicatos y patronales es "inminente". Lo ha repetido el ministro José Luis Escrivá esta semana y la anterior: solo quedan detalles, aspectos técnicos y terminar el texto legal, pero en lo principal ya están alineados.

"Estamos a días, semanas... espero no pillarme los dedos. Estamos discutiendo ya detalles sobre el texto normativo muy, muy concretitos", aseguró el ministro el jueves en una rueda de prensa.

Si todo avanza según lo previsto, a lo largo de la próxima semana podría hacerse oficial la firma del acuerdo, que dará lugar al quinto decreto ley que el Gobierno negocia con el diálogo social, tras la nueva ampliación los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que ha protegido a cientos de miles de trabajadores del despido en medio de la pandemia.

A la vez, el Ministerio de Trabajo y Economía Social de Yolanda Díaz está también negociando la reforma laboral con los mismos agentes sociales, es decir, con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Comisiones Obreras (CCOO) y UGT. Aunque este acuerdo no parece tan cerca, el compromiso es asimismo que esté aprobada antes de que termine el año.

Los principales cambios que traerá consigo la reforma de las pensiones, que se negocia desde hace meses, incluirán un nuevo mecanismo que garantice que las pensiones se revalorizarán con el IPC, para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo; mayores desincentivos a las jubilaciones anticipadas y premios a las demoradas, así como un nuevo sistema de cuotas de autónomos por tramos.

Para más adelante queda un segundo bloque de medidas, entre las que se encuentran acordar la subida de las bases máximas de cotización, la derogación del factor de sostenibilidad y lo relacionado con el periodo de cómputo de las pensiones. A continuación, todas las medidas que previsiblemente se incluirán dentro del "inminente" acuerdo:

Vincular las pensiones al IPC con una nueva fórmula

Para que las pensiones no pierdan poder adquisitivo año a año, se plantea revalorizarlas con la inflación (IPC). En concreto, cada 1 de enero se subirán las pensiones de acuerdo a la inflación media del año anterior. En caso de que haya sido negativa, ha habido diferentes propuestas, pero la idea es que no sufran ninguna merma. A la vez, se fija el compromiso de analizar este método cada 5 años.

Se deroga así el índice de revalorización que introdujo la reforma de 2013, del Partido Popular, ya que implicaba una semicongelación de las pensiones y una consecuente pérdida del poder adquisitivo.

Dónde se explica: en la reforma 2 A del componente 30 del Plan de Recuperación.

Fecha prevista de la medida: antes de que termine 2021.

Retrasar la edad de jubilación

En España, la edad legal de jubilación (edad ordinaria) es de 65 años y 10 meses y la edad media a la que se jubilan los españoles (edad efectiva de jubilación) es de 64,6 años. Es decir, que la población deja de trabajar antes de lo que debería, o tiene previsto el Gobierno, sobre todo desde que la esperanza de vida es mucho mayor. Además, los españoles se jubilan antes que en otros países de nuestro entorno, algo a lo que el Ministerio quiere dar la vuelta, alineando ambas, para ralentizar el crecimiento del gasto en pensiones y también para que los jóvenes hagan frente a una carga menor en las próximas décadas (equilibrio intergeneracional).

Eso sí, todo de forma voluntaria, sin cambiar la edad a la que es legal jubilarse: "Se hace siempre con incentivos, no se cambia la edad legal", recordó el ministro Escrivá este viernes.

Asimismo, se enfrenta al reto de desmontar el mito de que cuanto más tarde se jubile la población, más paro juvenil: "Hay una amplia evidencia de que una mayor participación de los mayores no daña, sino que aumenta las oportunidades de empleo de los jóvenes. Los países con tasas de actividad de la población próxima a la edad de jubilación más elevadas tienen un desempleo juvenil más bajo", dice Seguridad Social en una de sus presentaciones a la prensa.

Dónde se explica: en la reforma 2 B del componente 30 del Plan de Recuperación.

Fecha prevista de la medida: antes de que termine 2021.

Desincentivar las jubilaciones anticipadas

También se reforma el marco de jubilación anticipada voluntaria para, de nuevo, propiciar que la edad efectiva de jubilación se aproxime a la ordinaria legal. El Ministerio recalca que la jubilación anticipada debe "ser una excepción y no una forma habitual de jubilación".

En España, hoy por hoy quienes se jubilan de forma anticipada son quienes tienen mayores pensiones. Los datos de las jubilaciones anticipadas voluntarias apuntan a que en el año 2020 el grupo de prejubilados más voluminoso era el de aquellos que tenían garantizada una pensión de 2.100 euros, muy por encima del resto de grupos.

Hoy día ya existen desincentivos para adelantar la jubilación pero sus resultados "son pobres", recoge el Ministerio, que considera que "hay un amplio margen de mejora".

Por eso, con estas nuevas penalizaciones a través de cambios en los coeficientes de la jubilación anticipada, el mencionado departamento aspira a conseguir un gran cambio en el sistema que logre que un gran número de trabajadores retrasen su jubilación.

Dónde se explica: en la reforma 2 B del componente 30 del Plan de Recuperación.

Fecha prevista de la medida: antes de que termine 2021. No se penalizaría en ningún caso la jubilación anticipada en los despidos de este año.

Premiar los retrasos en la jubilación

Escrivá mantiene que el 90% de los pensionistas desconocen cómo puede mejorar su pensión si continúan trabajando unos meses o unos años más. Además, reconoce que España premia menos que los países de su entorno a los trabajadores que deciden alargar su vida laboral (ahora mismo bonifica entre un 2 y un 4%, frente al 4-12% de Portugal, 10,4% de Reino Unido, 6% de Alemania y 5% de Francia).

Por eso planea medidas como que las empresas no paguen cuotas a la Seguridad Social para esos trabajadores y mejorar los incentivos que existen ahora, como por ejemplo, pagando hasta 12.000 euros al año en el caso de las pensiones máximas o mejorando todas las pensiones un 4% por año de demora con un pago único. Si tiene éxito, supondría un ahorro para la Seguridad Social y para el empresario, y resultaría en una mejor pensión para el trabajador.

Se trata de un nuevo sistema que, según dicho departamento, "hace mucho más atractiva la permanencia en el empleo a aquellos trabajadores que puedan y deseen seguir trabajando", de nuevo buscando el mismo fin que con las medidas anteriores.

Dónde se explica: en la reforma 2 B del componente 30 del Plan de Recuperación.

Fecha prevista de la medida: antes de que termine 2021.

Autónomos: nuevo sistema de cuotas por tramos de ingresos

El objetivo es conseguir que los autónomos coticen en función de lo que ingresan, de manera que esto impacte de forma positiva en sus pensiones, para lo que el Ministerio de Seguridad Social, junto con el de Hacienda, han diseñado una "reforma integral" del sistema de autónomos. Ahora mismo, el 36% de los pensionistas del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos no llegan a la pensión mínima.

Para ello, el departamento ha planteado un sistema de 13 tramos que considera especialmente relevante para los que tengan ingresos por debajo del salario mínimo. Los autónomos podrán elegir su base de cotización y modificarla a lo largo del año varias veces (y después Hacienda les pedirá o devolverá la diferencia).

Sobre las negociaciones para la cotización de autónomos por ingresos reales, Escrivá apuntó este viernes que en los próximos meses espera poder concretarlo, así que no está claro que vaya a decidirse en el marco del acuerdo que previsiblemente se firmará la semana que viene. El ministro ha insistido en que con este sistema 2 de cada 3 autónomos van a cotizar menos de lo que hacen ahora.

Dónde se explica: en la reforma 3 del componente 30 del Plan de Recuperación.

Fecha prevista de la medida: la idea es aprobar la ley este 2021 e implantarla gradualmente a partir del 1 de enero de 2022, progresivamente, durante 9 años.

Dejar de asumir gastos impropios para alcanzar el equilibrio

Es la parte más técnica de las medidas dentro del próximo acuerdo de pensiones. Hay una serie de gastos a los que hace frente la Seguridad Social pero que no le corresponden, como por ejemplo la prestación por nacimiento y cuidado de hijos, entre otros. Desprenderse de ellos llevaría a eliminar el déficit del Ministerio, conduciéndolo a una situación de equilibrio mucho más favorable para hacer frente al reto demográfico, algo que, a la vez, serviría para dar una visión más transparente de la situación del departamento, rectificando así "la imagen distorsionada de desequilibrio del sistema percibida por los ciudadanos" que "está generando alarmismo e incertidumbre a los pensionistas y al conjunto de la población".

Es a lo que el Gobierno también llama "separación de fuentes de financiación", que ya dio algunos pasos de cara a los Presupuestos Generales del Estado de 2021, pero que continuará hasta 2023, hasta lograr ese equilibrio presupuestario.

Dónde se explica: en la reforma 1 del componente 30 del Plan de Recuperación.

Fecha prevista de la medida: desde 2020 hasta 2023.