El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), mediante Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM) que se ha publicado este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha levantado la prohibición para que los cruceros internacionales puedan atracar en los puertos españoles, con efectos a partir del día 7 de junio.

La evolución favorable de la pandemia en el territorio europeo, de donde proceden la mayoría de los pasajeros de cruceros internacionales con escala en puertos españoles, el aumento de la población vacunada contra el SARS-CoV-2 y el descenso de la incidencia en las comunidades autónomas con puertos susceptibles de recibir este tipo de buques, permiten el reinicio de la actividad de cruceros que realicen viajes internacionales y tengan por destino puertos españoles.

La resolución de la DGMM determina las medidas sanitarias que deben cumplir los buques de pasaje tipo crucero que realicen viajes internacionales y naveguen por aguas del mar territorial para entrar en puertos españoles abiertos a la navegación internacional, que se detallan en el documento 'Medidas sanitarias para el restablecimiento de los cruceros internacionales' publicado en la página del Ministerio.

El documento describe las medidas que deberán implementar los buques de pasaje tipo crucero que pretendan realizar trayectos internacionales visitando puertos españoles para prevenir eventos relacionados con la emergencia sanitaria por Covid-19 y para llevar a cabo una gestión adecuada en caso de producirse contagio entre el pasaje.

Con esta resolución se deja sin efectos la adoptada el 23 de junio de 2020 por la que la DGMM estableció la prohibición de entrar en puertos españoles a buques de pasaje tipo crucero de carácter internacional para afrontar la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.

Según la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), en el año 2019 los cruceros internacionales aportaron en torno a 2.800 millones de euros al PIB nacional y generaron unos 50.000 empleos y 1.500 millones de euros en salarios.

La resolución estará vigente hasta el fin de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 o hasta que existan circunstancias que justifiquen una nueva medida.