Este martes, el Consejo de Ministros aprobará un proyecto de ley para evitar que la subida del coste de las emisiones del CO2, tal y como viene ocurriendo en las últimas semanas, acarree un incremento en la factura de la luz, algo que ha despertado revuelo dentro del sector energético. 

La idea con la que trabaja el Ejecutivo de Pedro Sánchez es eliminar los llamados beneficios caídos del cielo. Estas ganancias son las que algunas compañías eléctricas obtienen gracias al sistema marginalista que impera en España. En la actualidad, el coste de la generación eléctrica se paga de igual forma en aquellas tecnologías sean más caras o más baratas. Por ejemplo, la hidráulica o la nuclear son mucho más baratas que la térmica. 

Como se decía, al fijarse el precio en una subasta marginalista, las diferentes producciones quedan retribuidas de la misma forma. Aunque España tire primero de las más sostenibles (y más caras), como pueden ser las renovables, es muy complejo que toda la demanda quede resuelta, por lo que hace falta echar mano de aquellas que son más baratas en su producción pero no en el pago. Es aquí donde varias compañías consiguen generar los llamados beneficios caídos del cielo puesto que reciben la misma cantidad de dinero a pesar de generar electricidad por menor precio.

Fuentes de Transición Ecológica confirmaron a Efe que el Gobierno quiere así “compensar el impacto que está teniendo en el precio de la electricidad el alza de los precios del CO2 y posibles consecuencias que esto pudiera tener en la recuperación de las economías domésticas e industrial”. En estos momentos, el precio por las emisiones de dióxido de carbono se aúpa a máximos hasta los 50 euros por tonelada, situación que provoca una tensión en la factura de la luz. 

"Incluso cuando sólo el 9% de la electricidad en el mercado es de origen fósil, el sistema marginalista (por normativa europea) hace que ese sobrecoste, de la tecnología que marca el precio en cada momento, sea retribuido por igual a todas las tecnologías inframarginales no emisoras", explicaban a la agencia.

Según cálculos del Gobierno de España, el adiós a dichos beneficios caídos del cielo supondría un balón de oxígeno de unos 1.000 millones de euros y que se vería reflejado en la factura de la luz. En las previsiones más optimistas en las que se mueve el Ministerio de Transición Ecológica figuran algo más de 2.000 millones, si bien es cierto que desde la cartera energética se asume que será “muy complicado”. 

Alberto Garzón, ministro de Consumo, ante la subida del precio de la luz, ha insistido en la necesidad de suprimir los llamados beneficios caídos del cielo que “suponen miles de millones para la industria energética” y que están “extraídos de la factura de los españoles”. 

"Hay que hacerlo con determinadas medidas y la pedagogía es una de ellas pero hay un elemento en el acuerdo de coalición que vamos a abordar inmediatamente", dijo el ministro.

Las eléctricas, en contra

La nueva idea en la que trabaja el Gobierno va a convertirse en el segundo frente abierto que mantiene el Ejecutivo con el sector energético. Como ya adelantó El Independiente, las empresas eléctricas apoyan al Partido Popular en la idea que presentó en el Congreso de los Diputados para abaratar costes en la factura, que pretende ahorrar 5.000 millones de euros.

Ahora, el sector entiende que la medida que se va a aprobar este martes “supone una intervención en el mercado eléctrico” que pone en peligro el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), con objetivo en 2030.

Fuentes del sector explican a este periódico que la propuesta parece que afectaría a tecnología no emisora de CO2 “lo que estaría contra la lógica de incentivar esta tecnología en el marco del PNIEC”. 

A su vez, voces del mercado eléctrico recuerdan al Gobierno que cualquier propuesta de poner un techo a la retribución de nuclear e hidroeléctrica tendría que ser aprobada en Bruselas, “donde no será simple justificar la penalización de estas tecnologías no emisoras”.

El lobby eléctrico europeo también ha mostrado su oposición. Eurelectric, asociación del sector que representa los intereses comunes de la industria a nivel europeo, recalcó que “la intervención política preocupa mucho al sector eléctrico” puesto que introduciría inestabilidad regulatoria y distorsionaría los incentivos de mercado adecuados para invertir no solo en energías renovables".

"Básicamente significa que a las generadoras se les cobrará doble, poniendo en riesgo sus ingresos y su capacidad para invertir en nuevas capacidades de generación. Manipular los precios políticamente es como un veneno para la confianza de los inversores", dijo el secretario general de Eurelectric Kristian Ruby.

Castigo en bolsa

La noticia del proyecto de ley, que se conoció el viernes a última hora, que puede lastrar los beneficios a las eléctricas ha golpeado duramente a las compañías energéticas en bolsa. Endesa e Iberdrola lideraron las pérdidas en el Ibex 35 por la mayor exposición en los beneficios caídos del cielo. 

Endesa llegó a perder hasta un 6% en la sesión del lunes, aunque luego logró reducir mínimamente los descensos y se quedó en un -5,33%, siendo el farolillo rojo. Iberdrola, por su parte, perdió un 2,30%.