El anteproyecto de Ley del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), cuya tramitación inició el Gobierno el pasado mes de diciembre y que se aprobó ayer en el Consejo de Ministros, seguirá generando polémica, a nivel empresarial y político, por las aportaciones que tendrán que hacer las petroleras y gasistas especialmente, pero también por cómo va a repercutir en los clientes la nueva factura, según Servimedia.

Y es que ya hay muchos partidos y territorios que denuncian que la nueva ley supondrá una transferencia de rentas desde las comunidades y provincias del interior de España a las zonas de costa, de sol y playa, y las islas. Es decir, que los clientes de zonas más frías, del interior de la península como por ejemplo Teruel o Soria, pagarán la ‘factura’ de la reforma energética por ser territorios con más consumo de gas y carburantes, que son las energías que aumentarán su precio para que se rebaje el de la luz.

Esta desigualdad la confirma incluso el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que ha sido uno de los inspiradores de esta reforma.

En uno de sus últimos informes el IDAE realiza una comparativa del consumo de gas en el país tomando como zonas principales la del atlántico-norte, la mediterránea y la continental. Los datos concluyen que el consumo medio de gas en la franja del cantábrico es de 7.143 kWh de media por hogar, en la España interior alcanza los 10.511 kWh por hogar y en la mediterránea y las islas se queda en 6.233 kWh.

La conclusión es que las provincias del interior, las más frías, consumen un 68% de media más de gas que las de costa y las islas. Por lo tanto, el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico que, según la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, “permitirá reducir al menos un 13% en la factura de la luz de los consumidores eléctricos”, en realidad ‘penalizará’ a los territorios que más gas y combustibles consumen.

En estos territorios de interior es más necesario, por las condiciones demográficas y por el clima, el uso de combustibles para calefacción. Además, también está el condicionante de que, en los entornos rurales, por las menores alternativas de movilidad, la dependencia de combustibles es mayor que en las zonas urbanas.

El clima más suave en zonas costeras y las islas hace que el uso del gas para calefacción (el que más notará el golpe en la factura) sea mucho menor. En cambio, sí se utilizan más electrodomésticos como el aire acondicionado que consumen electricidad. En este sentido, hay partidos como el PNV que condicionan su apoyo al Gobierno siempre y cuando el impacto sobre el gas se reduzca, ya que el País Vasco es una de las zonas de España más gasificadas tanto en lo doméstico como en lo industrial.

También, desde Teruel Existe, han puesto en la palestra el impacto territorial que tendrá la ley. Su portavoz en el Congreso Tomás Guitarte ha asegurado en la Comisión sobre Transición Ecológica celebrada en enero que la medida penaliza a la España interior y rural. “Hay una ausencia de los criterios territoriales en las políticas del ministerio en relación con la energía. Parece que lo territorial no tuviese nada que ver, cuando realmente es un aspecto fundamental. Si aplicamos sus criterios, vemos que la presencia de sus disposiciones potenciando la electrificación y haciendo decaer los consumos sobre gasóleo y gases licuados divide España en tres ámbitos territoriales, donde se va a sufrir de manera muy distinta".

“Los reales decretos”, añadía, "no son inocuos, tienen una distribución territorial. Lo que están tramitando en ese fondo nacional potencia al Mediterráneo, potencia las zonas donde se consume electricidad frente a las zonas interiores, que no han tenido más obligación que recurrir al gasóleo y a los gases licuados porque el peso específico de la calefacción es tan potente que hacerlo con soporte eléctrico es inasumible para sus economías. Por eso, insistimos siempre en que se debe evaluar el procedimiento legislativo que se realice también con un criterio territorial, porque esa no evaluación es el camino que nos ha conducido hasta la situación actual de esas grandes diferencias entre distintas partes de España”.